Documental

Material audiovisual de EurosociAL+, en donde se presente el testimonio de Lorenza Cayuhán y su experiencia de parir engrillada. Además, el documental demuestra cómo la Defensoría Penal Pública consiguió un fallo emblemático en términos de enfoque de género.

La violencia contra las mujeres indígenas y rurales es una problemática poco visible, pero no menos importante y alarmante para el sistema internacional de Derechos Humanos: según cifras de la ONU, a nivel global existen 238 millones de personas que se identifican como mujeres indígenas y, si bien existen diversos liderazgos a nivel internacional que han luchado para empoderar a mujeres y niñas indígenas, todavía permanecen múltiples tipos de discriminación y violencia contra este grupo, teniendo un mayor riesgo de ser objetivo de violencia (Naciones Unidas, s. f.).

Mujeres mapuche, hacia 1820 y 1821- Fuente: Memoria Chilena

Prejuicios y estereotipos durante la América colonial

Tanto las mujeres como los pueblos originarios han sido víctimas de violencias discriminatorias, históricas y estructurales, las cuales siguen persistiendo en la actualidad. En el caso específico de las mujeres, durante siglos fueron vistas como sujetos que debían estar bajo el dominio masculino y dentro de la esfera privada -es decir, en la casa- restándola del espacio público o de otros espacios que implicara salir de su rol de “madre” o “esposa”. Durante el proceso de colonización de América, este sistema de dominio se impuso en las sociedades conquistadas, para someter a las mujeres al fuerte disciplinamiento y vigilancia social, desde detalles como sus gestos y movimientos, como el mismo comportamiento sexual que tenían, a modo de supervisar un comportamiento “decente” -tal como se entendía en la época- (Araya, 2008, 35-36).

A pesar de que se suele vincular el origen del machismo con los procesos de colonización, diversas feministas indígenas coinciden en que existen estructuras patriarcales y prácticas machistas dentro de propias organizaciones, comunidades y territorios indígenas, tal como ocurre con el pueblo mapuche (Mercado-Catriñir Et Al., 2022, 320). Sin embargo, se entiende como “patriarcado colonial” aquellas estructuras y sistemas de dominio patriarcal que fueron fortalecidas con los procesos de colonización, por lo que los mecanismos sociales de inferiorización contra las mujeres tendrían como base el género, pero también la raza. Es lo que algunas autoras denominan como “entronque de patriarcados” que explican el “machismo latinoamericano” (Gargallo, 2014, 374).

En el caso de Chile y sus pueblos originarios, la mujer mapuche fue vista como “terrorista, salvaje e incivilizada” en distintos períodos de la historia, como también ha sido representada como un sujeto folclórico, con sus vestuarios típicos y sus elementos culturales -como la lenguaje, tradiciones y medicina tradicional-, pero sin existir un reconocimiento de la mujer mapuche como un sujeto de derecho, sino más bien como un “objeto” o “tesoro” vivo” de la historia precolombina (J. González, 2022, 236). Documentos históricos como crónicas, literatura e historia oral de las mismas comunidades, revelan que la imagen de las mujeres mapuche sufrió una brutal transformación tras los procesos de colonización y la posterior Independencia, debido al sometimiento político, social y económico que obligó a las mujeres a cambiar su forma de vida, principalmente en su valor social y reproductivo que, anteriormente, era apreciado por las comunidades mapuche (García Mingo, 2017, 20).

Una lucha por el reconocimiento

La violencia contra las mujeres se comenzó a visualizar con más claridad en la década de 1960 y, con más fuerza, en los 80s y 90s. Si bien durante este tiempo surgieron diversos estudios sobre la violencia contra “la mujer”, posteriormente se hacía referencia a la violencia contra las mujeres y de género, cuya finalidad fue visibilizar esta problemática para incorporarse en las políticas públicas orientadas en su prevención. Sin embargo, la violencia contra las mujeres indígenas y rurales fue un tópico poco visibilizado en esta época, siendo que en las zonas rurales es donde más se concentra la cultura patriarcal, las jerarquías de género y mayores índices de violencia, en donde se suma la ausencia del Estado en comunidades rurales e indígenas para garantizar derechos básicos como la salud (S. González, 2009).

Dentro de las diversas corrientes y movimientos feministas, el feminismo indígena -y que muchas veces se define como “decolonial” o “anticolonial”- se ha ido adentrando en la escena política de las últimas décadas, con la finalidad de visibilizar los distintos tipos de opresión que sufren las mujeres indígenas, tanto por ser mujeres, indígenas o por ser pobres, lo que también se puede denominar como “triple discriminación” o “triple opresión” (Gómez & Sciortino, 2015, 55) siendo una lucha, además, va de la mano con la promoción y el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas al mismo tiempo. Autoras como Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia, Ochy Curiel en República Dominicana y Aura Cumes en Guatemala, entre otras, han sido casos de mujeres indígenas con trayectoria intelectual y política que han contribuido a este debate desde América Latina (Zapata, 2018). Debido a los orígenes y características de esta corriente feminista, es que se distancia del denominado  “feminismo blanco” o feminismo hegemónico -con sus orígenes en Estados Unidos y algunos países de Europa-, al señalar que dicho movimiento no visibilizó la situación de las mujeres indígenas del mundo, en términos de incorporar en este feminismo las prácticas, creencias, lenguajes, concepciones y tipos de comunidad que son propios de los pueblos indígenas (Lugones & Montes, 2012, 133).

Imagen: CIPER Chile

En Chile también surgieron movimientos de feminismos indígenas, tal es el caso del feminismo proveniente desde mujeres mapuche -que en algunos casos se le ha denominado como “feminismo mapuche”- que, al igual que el feminismo musulmán, chicano y afroamericano, han denunciado los distintos tipos de opresión que sufren como mujeres que se identifican con alguna raza, etnia o cultura que no son occidentales ni hegemónicas. En el caso del feminismo protagonizado por mujeres mapuche, sus principales banderas de lucha se centraron en denunciar el valor social que perdieron a lo largo de la historia, mientras que incrementó el menosprecio y sentimiento negativo hacia su figura (Vera, 2014, 314). En algunos casos, este “feminismo mapuche” o “mapucheizado” también recurre al lenguaje de derechos, puesto que es el mismo que utilizan las comunidades mapuche que están en el proceso de recuperación de derechos colectivos. Desde este movimiento, teóricas mapuche como Margarita Calfío, Diva Millapán, Millaray Painemal o Andrea Pinchulef, entre otras, han sido fundamentales en el debate feminista desde la perspectiva de mujeres mapuche, es decir, desde sus propios entendimientos sobre el género y el feminismo, desde el lenguaje de los Derechos Humanos, pero siempre analizando la utilidad de estos debates sobre género y derechos -de origen occidental- en sus múltiples demandas y procesos reivindicativos (García Mingo, 2017, 33). El reconocimiento de estos movimientos, corrientes de pensamiento y luchas de mujeres mapuche -y en general de mujeres indígenas- es fundamental para comprender la relevancia que tienen los Derechos Humanos en sus planteamientos, en particular cuando sus conquistas apuntan al respeto de los compromisos adquiridos por diversos países, en materia de derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.

El año 2022, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), advirtió sobre las numerosas violaciones y abusos a los derechos fundamentales que sufren mujeres y niñas indígenas, ya sea por actos de discriminación, como el impedimento de sus libertades y de acceso a servicios básicos como la salud o la educación. Esto también incluye la violencia de género, ya que “(…) esas mujeres padecen formas cruzadas de discriminación vinculadas al sexo, género, condición indígena y otras características y factores (…)”, lo cual puede ocurrir en el ámbito familiar, laboral, público e institucional (Naciones Unidas, 2022). En el caso de Lorenza Cayuhan, se suma otro factor importante: en plena privación de libertad, vivió su proceso de gestación con numerosas irregulares y prácticas ilegales, como el tener su parto engrillada y con la presencia de un gendarme masculino. Además, ya anteriormente había advertido sobre su malestar en términos de salud, en donde no contó con la asistencia necesaria para tener un proceso de gestación con la comodidad y asistencia médica que se necesita.

Considerando los factores mencionados anteriormente, es importante señalar que el derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona se reconocen como derechos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 3), siendo relevantes para resguardar la atención médica corresponde durante el embarazo y el parto. Además, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece específicamente el derecho de especial protección para las madres durante un período de tiempo razonable, incluyendo prestaciones adecuadas de seguridad social (art. 10, apartado 2).

Imagen: ONU Mujeres

Mujeres indígenas y Derechos Humanos

La vulneración de Derechos Humanos contra mujeres indígenas, tiene su raíz en la discriminación y violencia estructural de las cuales son víctimas. Nos referimos como violencia histórica y estructural, al racismo, exclusión y marginación que históricamente sufrieron las mujeres indígenas, tanto a nivel social como institucional, y que siguen enfrentando hasta la actualidad (CIDH, 2017 81). En estos casos, se reúnen dos motivos de discriminación: género y etnia, es decir, ser mujer e indígena implican dos factores que, al vulnerarse sus derechos, se transgreden los marcos normativos sobre los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos indígenas (Nash, Et. Al., 2011, 62). Esto no sólo contribuye al estereotipo de que son un grupo inferior, víctimas “fáciles” o que son sexualmente disponibles, sino que también contribuye a la vulneración de sus derechos colectivos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos de las mujeres indígenas, en particular en lo que refiere al derecho de vivir libres de violencia, se encuentran respaldados en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Comisión Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención “Belém do Pará”), las que sancionan y condenan la violencia contra la mujer en toda su expresión -ya sea físico, sexual y/o psicológico-. En particular la Convención Belém do Pará la cual señala, en su artículo 9, que los Estados Partes deben tener en cuenta la situación de vulnerabilidad de violencia que pueda sufrir una mujer en razón de su raza o etnicidad, como también tener en consideración de si se trata de una mujer embarazada o en privación de libertad. Por otro lado y, según la interpretación de la CIDH, el artículo 2 de la Convención Belém do Pará -el cual define qué es violencia contra las mujeres- incluye la violencia obstétrica, es decir, el trato irrespetuoso, abusivo, negligente o de negación de tratamiento previo y durante el parto o posparto (CIDH, 2017, 60). A partir de

Mujeres en espacios de poder- Imagen: ONU Mujeres

este documento, se puede señalar que el caso de Lorenza Cayuhan es un ejemplo claro de vulneración del artículo 2 y 9 de la Convención “Belém do Pará”.

Es importante señalar que la violencia obstétrica es una problemática que muchas mujeres enfrentan, y que dicha situación ocurre dependiendo del hábito del médico o de cómo el sistema de salud fiscaliza estos casos. Sin embargo, en el caso de las mujeres indígenas, existe un factor de colonialidad que influye en una serie de microagresiones, como faltas de respeto, desprecio, desconocimiento, insultos o distintas formas de invalidar a las mujeres indígenas en el contexto de su parto (Gleason Et Al., 2021). Por otro lado, la situación de vulneración es más compleja cuando se trata de mujeres dirigentes y/o defensoras de Derechos Humanos. En este caso, la CIDH ha advertido que mujeres indígenas defensoras de Derechos Humanos -como el caso de Lorenza que es dirigenta mapuche- son mayormente expuestas a las faltas de respeto y acoso por parte de autoridades estatales y/o de agentes armados, exacerbando la discriminación por razones de género, raza o etnia (CIDH, 2017, 87). En el caso de Chile, esto ha sido advertido desde el 2003 por parte de diversas organizaciones de mujeres y feministas, señalando que las mujeres indígenas y rurales dirigentes o que promueven la actividad sindical, suelen estar en “listas negras” por parte de empresarios, razón por la cual tienen dificultades para insertarse laboralmente (Centro de Estudios de la Mujer, Et. Al., 2003, 91).

Sin, embargo, parte de estas problemáticas en Chile se relacionan con la fuerte invisibilización y desconocimiento que existe sobre la situación de las mujeres indígenas y rurales, principalmente respecto a sus necesidades y vulneraciones que viven diariamente. Esta situación lo advirtió el INDH en su informe anual del 2018, en donde se señala que:

“(…) la falta de desagregación de los datos estadísticos de violencia hacia las mujeres impide conocer las realidades específicas de las distintas mujeres que habitan el territorio nacional. La homogenización de las realidades de las mujeres y el tratamiento del problema como vivencias similares para todas, no solo invisibiliza a las mujeres más vulnerables -entre ellas las indígenas, las rurales y las en situación de discapacidad- sino que impide el diseño de políticas pertinentes y focalizadas hacia las distintas situaciones que estas mujeres enfrentan” (INDH, 2022, 50)

La información específica en materia de violencia de género permite establecer políticas públicas eficientes para su erradicación y prevención: de hecho, la inclusión de estos temas en la legislación interna de los países, a nivel penal, civil y administrativo, también son parte de los compromisos adquiridos en la Convención Belém do Para, como parte de los deberes del Estado (art. 7). Este principio también está estipulado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 22 apartado 2, en donde se señala el compromiso de los Estados para asegurar la protección de las mujeres y niños/as indígenas y darles garantías de vidas libres de todo tipo de violencia y discriminación, por lo que la disponibilidad de dicha información es fundamental para el establecimiento de políticas preventivas y de sanción.

Imagen: Comité para la Prevención de la Tortura

Derecho a la maternidad en contextos carcelarios

En Chile, al 2021, existían 31 unidades materno infantiles en diferentes Centros Penitenciarios a nivel nacional, en donde vivían 70 mujeres embarazadas o con sus hijos/as menores de dos años, en condiciones deplorables de escasa ventilación, mucha humedad y pocas condiciones de higiene, siendo una situación que empeoró en pandemia (Fernández, 2021). La situación demuestra que el derecho de las mujeres privadas de libertad es una realidad que sigue invisibilizada en la sociedad chilena, en particular cuando están en procesos de gestación. Existen autoras que señalan que dicho problema tiene raíces más profundas ya que las cárceles, históricamente, han sido lugares a cargo de hombres, con políticas y reglas carcelarias diseñadas por y para hombres, por lo que son espacios masculinizados en donde se somete a las mujeres a seguir estas mismas reglas (Stern, 2011, 256). A esta situación se suma el incremento de la presencia de mujeres embarazadas y presencia de niños/as en las cárceles, esto tras el aumento de la población penal femenina que, el 2005, ya había sido advertido por la ONG Litigación Estructural para América del Sur (LEASUR):

“Estamos hablando de malas condiciones para llevar término un embarazo. No se cuenta con la suficiente tranquilidad ni menos con elementos más básicos como son la alimentación y hambre. Se pasa frío y hambre, lo que también termina por enfermar menores que viven hacinados al igual que sus progenitoras (…)” (Opazo, 2019)

Debido a esta situación es que el 2011 la ONU publicó las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes, también conocida como las “Reglas de Bangkok”. En dicho instrumento, se reconoció el impacto diferencial que tiene la violencia en el caso de las mujeres privadas de libertad y la necesidad de elaborar estándares específicos para garantizar los derechos de las mujeres encarceladas (Maris, 2011, 264), siendo también el primer instrumento que visibiliza a los/as hijos/as de personas privadas de libertad. Aun así, garantizar el derecho de las mujeres privadas de libertad y su derecho a la maternidad con todos sus resguardos sigue siendo un problema poco visibilizado en Chile. El caso de Lorenza Cayuhan es un claro ejemplo de una serie de vulneraciones en el contexto carcelario: en primer lugar, al vulnerar un principio fundamental como el derecho a la salud, estipulado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Las personas privadas de libertad también tienen este derecho, en particular cuando se trata de mujeres y niñas embarazadas, quienes deben tener instalaciones especiales y apropiadas para su período de gestación, tal como se estipula en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el caso específico de Cayuhan, el INDH y la Segunda Sala de la Corte Suprema reconocieron que se trata de una situación de tortura, tratos vejatorios e indignos, lo cual transgrede el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -art. 7-, la Convención Americana de Derechos Humanos -art. 5, en relación al derecho a la integridad personal- y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo artículo 2 señala que es compromiso de los Estados impedir los actos de tortura mediante medidas legislativas, administrativas o de otra índole. Es por todo lo anterior que el caso de Lorenza implica una serie de vulneraciones de Derechos Humanos, tal como denunciaron diversas organizaciones sociales e internacionales y el mismo INDH, entre algunas, el derecho a la salud, a no ser sometida a la violencia de género, vulneración de los derechos del niño/a, además de los derechos que tienen los pueblos indígenas y las personas privadas de libertad.