Testimonio

Relato de Juan Vergara Luemberger, padre de José Vergara, quien cuenta sobre su lucha por encontrar encontrar la verdad y justicia por su hijo. El INDH ha trabajado en este proceso judicial, al presentar una querella por secuestro calificado y vulneración de Derechos Humanos por la desaparición forzada de un joven a manos de agentes del Estado.

Tanto la esquizofrenia como las demás enfermedades mentales, son temáticas de prejuicios y de gran incomprensión a lo largo de nuestra historia. Durante siglos, estos diagnósticos eran considerados como parte de la locuras (o “gente loca”), en donde filósofos griegos como Platón y Aristóteles la consideraban como parte de una posesión divina e, inclusive, como una genialidad (Dorr, 2017). La locura tuvo diversas interpretaciones según la cultura, algunas la atribuían a la posesión divina y de los dioses y otras, como el cristianismo, la entendían como una posesión demoniaca. Más adelante, las enfermedades mentales serían tratadas desde procedimientos médicos, las cuales fueron agresivas y tortuosas para quienes la recibían, siendo después de la Segunda Guerra Mundial cuando la comunidad científica (en particular la psiquiatría) comenzó a evaluar otras formas de tratamiento, mientras que la aparición del sistema internacional de Derechos Humanos, permitió concientizar sobre la erradicación de procedimientos médicos violentos y que estuviesen al límite de la tortura.

Uno de los tratamientos para «curar» la locura fue tirarles agua helada a los pacientes- Fuente: BBC

Trastornos mentales: una historia incomprendida

Los trastornos y enfermedades mentales ha sido un tópico lleno de prejuicios y estigmatizaciones, razón por la cual se intentaron diversos tipos de procedimientos para abordar el tema: durante la Europa Medieval, el tratamiento de las personas con enfermedad mental se mantuvo en el ámbito doméstico y alejado de la salud pública, esto debido a los pocos conocimientos médicos en la época, que hicieron que se viera la “locura” como un designio divino, por lo que se les veía como pacientes que necesitaban apoyo espiritual y físico con matronas cristianas, mientras que las que eran consideradas demoniacas, eran vistas por un sacerdote (Salaverry, 2012, 145). Fue durante los siglos XVIII y XIX cuando los trastornos mentales no sólo fueron un problema religioso, sino que también legal: en esta época, las personas con enfermedades mentales eran detenidas por las policías, junto a indigentes, huérfanos, prostitutas, homosexuales, ancianos y personas con enfermedades crónicas, al ser consideradas como personas “insanas” o como las “escorias” de la sociedad (León Castro, 2005, 38-39).

Con el surgimiento de la psiquiatría durante el siglo XIX, se comenzó a utilizar y abordar las “enfermedades mentales” o “enfermedades sociales” desde el punto de vista médico y científico. Sin embargo, los tratamientos y procedimiento durante ese tiempo y hasta mediados del siglo XX, implicaban diversos tipos de maltratos y que actualmente son controversiales, tal como la provocación forzada de vómitos, la contención mediante camisas de fuerza o la provocación de otras enfermedades para generar fiebre (Pacheco & Et. Al., 2015,  90). Estos hospitales psiquiátricos comenzaron a conocerse informalmente como manicomios, asociados a una “casa de locos” o lugar donde vivían personas sin razonamiento. En estos lugares, se solía hospitalizar de manera forzada y violenta a las personas con enfermedades mentales, como también se les aplicaba psicofármacos sin entregar mayor información a la familia ni al paciente sobre qué medicamentos se utilizaban. Incluso se llevó a utilizar métodos más extremos como las terapias de choque insulínico (para lograr un coma hipoglucémico) o las terapias de shock,  el último siendo una de las terapias más populares de la psiquiatría tanto en Estados Unidos, como otros países como Francia, Alemania y la Unión Soviética (Antonucci, 2018, 171-172).

Mediante el programa secreto «Aktion T4», las autoridades nazi realizaron un exterminio contra las personas con discapacidades mentales y físicas, la mayoría asesinadas en hospitales psiquiátricos de Alemania- Fuente: Enciclopedia del Holocausto

El caso más extremo de maltratos y discriminación hacia las personas con enfermedades mentales fue durante la Alemania Nazi: se calcula que fueron cerca de 100.000 personas con este diagnóstico que fueron asesinadas, más otras medidas como esterilizaciones y un fuerte control en matrimonios en donde uno/a de los/as integrantes fuese considerado como enfermo/a mental (Dorr, 2017, 96). La orden de Hitler a los médicos para eliminar a este tipo de pacientes, se debió que fueron considerados como personas incurables e “incompetentes biológicos”, por lo que afectaría el objetivo del Partido Nazi de preservar la “pureza racial” (León Castro, 2005, 40). Las atrocidades cometidas durante este periodo, dejó aprendizajes para la psiquiatría y, en general, para la comunidad científica, sobre qué tipo de tratamientos y procedimientos se pueden utilizar, sin transgredir la dignidad y el derecho a la vida que todas las personas, incluyendo aquellos/as que posean algún tipo de enfermedad mental.

Salud mental y derechos humanos en el siglo XX

Fuente: ACNUR

Uno de los primeros avances en impedir las terapias de shock y agresivas contra pacientes con esquizofrenia u otras enfermedades mentales, fue desde la psiquiatría social (o incluso corrientes consideradas como “anti psiquiatría”). Estos postulados surgieron principalmente en la Alemania de la post Segunda Guerra Mundial, principalmente en la década de 1950: en el intento de la comunidad científica de reparar los horrores del nazismo, se comenzaron a evaluar terapias y procedimientos no agresivos. Uno de éstos fue el uso de psicofármacos, lss cuales demostraron ser un tratamiento óptimo para la mejora relativa de las conductas de personas con enfermedades mentales, en reemplazo de prácticas terapéuticas que, ya en la década de 1950 y 1960, diversos científicos consideraban como discriminatorias y al límite de la tortura (Dorr, 2017, 95-98). De esta manera, en la década de 1950, ya existían fármacos para la depresión y la esquizofrenia que fueron eficaces y con efectos tranquilizantes, con menos efectos secundarios en comparación con los que se utilizaban antes (Pacheco & Et. Al., 2015, 96).

Durante la segunda parte del siglo XX, los avances científicos y la importancia que comenzó a tomar los Derechos Humanos, permitió comprender mejor las causas y características de los trastornos mentales, en donde se reconocieron otros tipos de trastornos, como la depresión, la ansiedad, y otros asociados al alcoholismo y consumo de drogas duras, las cuales también generan desajustes mentales importantes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) introdujo el concepto de salud mental en 1953, con el propósito de ampliar la mirada de la atención psiquiátrica, esta vez poniendo atención en la prevención, desarrollo de servicios comunitarios y revisar los procedimientos que realizaban hasta ese entonces. Este cambió significó incorporar una nueva ética médica y científica basada en los Derechos Humanos, para tratar a  aquellos pacientes con enfermedades mentales que asistían a hospitales psiquiátricos, priorizando una atención en respeto de su dignidad y con una atención terapéutica y social más eficiente (Desviat, 2020, 18).

A pesar de los avances en las últimas décadas, organismos como la ONU y también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, han sostenido que el abuso sexual y físico contra pacientes con alguna enfermedad o discapacidad mental sigue existiendo, principalmente en hospitales psiquiátricos que todavía utilizan el aislamiento o aplicación de castigos (INDH, 2018a). Por lo mismo que ha sido fundamental la conciencia social y eficiente atención en materia de salud mental, la creación de servicios comunitarios y la gestión sanitaria en este tema, como también derribar los diversos prejuicios y estigmas que existen sobre esquizofrenia y los demás trastornos mentales.

Las enfermedades mentales y trastornos psiquiátricos, expresados en la depresión, esquizofrenia, alzheimer, epilepsia y retraso mental, entre otros, son diagnóstico que, al 2019, sufrían casi mil millones de personas, siendo la depresión y la ansiedad las que más aumentaron tras la pandemia que generó el COVID-19 (OMS, 2022b). Además, al 2022, existen unos 24 millones de personas que padecen de esquizofrenia, siendo un grupo que merece mayor atención al ser una enfermedad que genera ideas delirantes, alucinaciones, pensamiento desorganizado y/o agitación extrema, por lo que se necesita medicación, intervención familiar y rehabilitación psicosocial (OMS, 2022a).

Debido a la realidad respecto a la salud mental -y que incluye trastornos complejos como la esquizofrenia-, es que la ONU señala que la salud mental también es un Derecho Humano. Esto debido a que las personas con padecimientos mentales y/o con alguna discapacidad psicosocial, tienen una esperanza de vida inferior -20 años menos los hombres y 25 años menos las mujeres-, a lo cual se suma la estigmatización y prejuicios que también vulneran el derecho de las personas (OHCHR, 2018). Por lo mismo que el caso de José Vergara es un ejemplo de vulneración del derecho a la salud, pero también vulnera los distintos instrumentos internacionales de Derechos Humanos que prohíben la desaparición forzada. En el caso de Vergara, al igual que José Huenante, son ejemplos de desaparición en democracia.

Imagen: El País

Salud mental y derechos humanos

La salud mental se encuentra contemplado en el derecho a la salud, siendo este último respaldado por el sistema internacional de Derechos Humanos. En el caso de José Vergara, el tratamiento médico inadecuado desde su nacimiento y al negarle tratamiento psiquiátrico en sus respectivas crisis, implican una vulneración en su derecho a la salud. Específicamente, se vulnera el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que estipula “(…) el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, situación que no ocurrió con Vergara al no asegurarle una atención psiquiátrica adecuada tras las diversas crisis que sufrió producto de su esquizofrenia.

Por otro lado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad¸ aborda específicamente los derechos de las personas con alguna discapacidad psicosocial o con alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial. En este documento, se señala en el artículo 26 el derecho de las personas con discapacidad a que puedan lograr y mantener su máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, por lo que los Estados Partes deben asegurar servicios y programas generales de rehabilitación en ámbitos como la salud. Esto no se cumplió con José Vergara quien, según el testimonio de sus propios familiares, se le negó la hospitalización psiquiátrica al no ser considerado como una urgencia (a pesar de sufrir varias crisis previo a su desaparición).  Según un informe del INDH, en Chile existen diversas dificultades para asegurar el derecho a la salud a las personas con discapacidad, debido a la poca disponibilidad del personal médico especializado, dificultades de accesibilidad física y geográfica en centros de salud, poca cobertura de medicamentos y programas de prevención, falta de coordinación de la red pública para ofrecer dichas prestaciones, baja cobertura de la rehabilitación con base comunitaria, problemas con la cantidad de horas médicas disponibles en el sistema público, siendo aún más difíciles conseguir horas médicas para personas con discapacidad mental (INDH, 2012, 188)

En la actualidad, la garantía al derecho a la salud sigue siendo uno de los principales déficits en Chile: desde antes de la pandemia del COVID-19 existían dificultades vinculadas con la calidad de la atención médica y capacidad resolutiva de los servicios públicos (INDH, 2020, 78). La misma historia de José Vergara refleja esta problemática con el derecho a la salud, esta vez vinculado con un grupo de mayor vulnerabilidad por discapacidad. El mismo padre de José señaló este punto tras denunciar que el Hospital de Iquique no le ofrecieron las prestaciones médicas adecuadas para su hijo, previamente a su última crisis antes de su desaparición:

 “Si el COSAM me hubiera dado la orden de hospitalización rápidamente, hubiera estado hospitalizado. Lo digo porque ya son once meses y el niño no aparece y estos desgraciados no quieren decir qué es lo que hicieron” (Palma, 2016)

Junto a José Vergara, se suman otros dos casos que el INDH reconoce como desaparición forzada en democracia.

Desaparición en democracia

La desaparición forzada es una vulneración a dos derechos fundamentales: el derecho a la vida y a la libertad personal. Para el INDH, esta práctica implica un crimen cometido por el Estado contra personas que se supone representa y protege, en donde la omisión o negación de información sobre los hechos previos o posteriores a la detención, también forman parte de este delito (INDH, 2022, 434). Por lo mismo que la desaparición forzada es considerada como crimen en el derecho internacional, en donde se vulnera diversos principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en específico:

• • • Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (art. 3)

    • Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5)

    • Nadie podre ser arbitraria detenido, preso ni desterrado (art. 9)

La vulneración de estos derechos en específico, también implica no cumplir los compromisos adquiridos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual también prohíbe la tortura y tratos degradantes, como el derecho a la libertad y seguridad de la persona. A nivel interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos también menciona los mismos derechos y prohibiciones relacionadas con la desaparición forzada. Sin embargo, existen instrumentos específicos que condenan y prohíben la desaparición forzada, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Para el INDH, el caso de José Vergara implicó un caso de desaparición forzada por parte de agentes del Estado, al tener las características contempladas en el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la cual define la desaparición forzada como:

“(…) la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”

Para el INDH, el actuar de Carabineros tuvo las características mencionadas en la cita anterior, razón por la cual la institución calificó la situación como un caso de desaparición forzada (El Desconcierto, 2018). Además, la misma Convención Interamericana señala, en su artículo 11, que “Toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación interna respectiva, a la autoridad competente”. En el caso de José Vergara, fue detenido por Carabineros pero no fue derivado a una comisaría ni otro recinto legal de detención, por lo que se comete un delito, por parte de agentes del Estado, que vulnera este principio estipulado en la Convención. En el caso de José Vergara, su contexto específico de ser una persona con trastornos mentales, significa la vulneración del artículo 17 de la misma Convención sobre Personas con Discapacidad sobre la protección de la integridad de las personas con dicho diagnóstico. En este caso, se señala el derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con los demás, situación que no sucedió con José Vergara al ser detenido y ser abandonado en pleno desierto. Por otro lado, la ONU también alienta encarecidamente a los Estados, sobre la educación y capacitación en materia de Derechos Humanos de las personas con afecciones de la salud mental y/o con alguna discapacidad psicosocial, orientada a profesionales de la salud, pero también aquellos que están a cargo del orden público:

“(…) a que impartan educación y capacitación en materia de derechos humanos a los profesionales de la salud, los trabajadores sociales, la policía, los agentes del orden, el personal penitenciario y otros profesionales pertinentes, con especial hincapié en la no discriminación, el consentimiento libre e informado y el respeto por la voluntad y las preferencias de todos, la confidencialidad y la intimidad, y a que intercambien las mejores prácticas en la materia” (ONU, 2020)

La historia de José Vergara ejemplifica las falencias que existen en esta materia, tanto a nivel de sistema de salud como de seguridad y orden público. Por otro lado, la inexistencia de avances e investigaciones sobre el paradero de Vergara, también implica un incumplimiento del Estado de Chile con diversos compromisos internacionales de Derechos Humanos, cuando es obligación del Estado investigar de manera pronta, exhaustiva y eficaz los casos de desaparición forzada de personas, el cual nace de derecho a la verdad y del derecho de acceso a la justicia o protección judicial eficaz (INDH, 2022, 442).