Joane Florvil: Racismo y violencia institucional contra una joven madre haitiana

Migración Pobreza Racismo

RESUMEN:

En 2017, Joane Florvil, una joven madre haitiana residente en Chile, acudió a la Municipalidad de Lo Prado angustiada por el robo de los documentos de identidad de su familia en ese lugar, con la esperanza de recuperarlos. Ante la imposibilidad de comunicarse en español, dejó a su bebé por unos minutos a cargo de un guardia de la municipalidad, para buscar un traductor que le ayudase a explicar el problema. Sin realizar mayores esfuerzos por aclarar lo sucedido, Joane fue víctima de una acusación infundada de abandono de menores, detenida sin ofrecerle un traductor o intérprete, humillada ante los medios, en una cadena de irregularidades institucionales marcadas por la discriminación racial y xenofobia, que arrastraron a Joane a una descompensación de su salud y a su fallecimiento, ante la desesperanza por no poder ver a su hija. 

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Joane Florvil nació en 1989 en la ciudad de Juana Méndez, Haití. Fue en dicha ciudad donde se dedicaba a dar clases en una escuela perteneciente a la iglesia evangélica. Tras quedar embarazada, su padre decidió enviarla a Chile para encontrarse con sus dos hermanos ya que no aceptaba la relación entre Joane y Wilfrid Fidele, pareja de Joane, ya que su familia consideraba a Wilfrid como un mujeriego y con problemas con el alcohol, tal como él mismo lo reconoce (García, 2018). Al llegar a Chile, Joane se instaló temporalmente, pero con dificultades al no hablar español, dificultándole encontrar trabajo y, además, se encontraba sola enfrentando su embarazo.

Tras las dificultades de Joane para adaptarse al país, Wilfrid optó por vender sus cosas y venir a Chile, con la finalidad de retomar la relación con Joane y vivir juntos. Retomaron su vida en Cerro Navia en donde trabajaban vendiendo mermeladas en la feria mientras esperaban a su hija Wilfiana. Paralelo a las dificultades idiomáticas, Joane también tuvo problemas para reencontrarse con su familia en Chile, incluso negándole ayuda en momentos donde estuvo enferma o cuando enfrentó problemas en pleno parto (García, 2018). Finalmente, su hija Wilfiana nació el 10 de julio del 2017.

Joane Florvil al momento de ser detenida- Imagen: CNN Chile

Arresto y muerte de Joane

El día del arresto, Joane había acudido a Carabineros para recuperar los documentos de ella y su familia: según declaraciones, habían sido robados a Wilfred en la Municipalidad de Lo Prado al momento de postular a un trabajo. En el robo, se llevaron la mochila de Wilfred junto a su pasaporte, carnet de identidad y el carnet de consultorio de su hija. El robo de estos documentos en inmigrantes es de extrema delicadeza, cuando muchas veces existen situaciones migratorias complejas y existe dificultad en conseguirlos. En su intento de denunciar esta situación en Carabineros, le señalaron que no podía recibir la denuncia ya que no contaba con sus documentos de identidad.

Al día siguiente, Joane en compañía de su hija, fue a la Municipalidad para continuar con la insistencia de recuperar los documentos. Sin embargo, el problema del idioma impidió poder expresar su requerimiento al guardia del lugar, por lo que Joane decidió buscar a un traductor para que la ayudase. En ese contexto, Joane deja a su bebé durmiendo en el coche junto al guardia para ella solicitar al guardia, situación en donde pasaron 15 minutos y, tanto el guardia como dos funcionarios del lugar, hicieron la denuncia en Carabineros para señalar que había abandonado a su bebé. Joane, al regresar, se encontró con el lugar cerrado y sin su hija, lo que generó una gran desesperación en la madre y comenzó a alertar inmediatamente a sus familias sobre lo que había ocurrido con Wilfiana.

Al llegar la noche y con la prensa afuera de su casa, Joane fue detenida y esposada bajo la acusación de abandonar a su hija, menor de edad, en una oficina municipal de Lo Prado. Fueron 20 segundos de detención e ingreso al vehículo policial, lo cual quedó registrado en las imágenes tomadas por los medios que estaban en el lugar, cuya imagen simbólica es de Joane detenida, esposada y llorando. Al momento de ser detenida, Joane fue trasladada a la 48° Comisaría de Asuntos de Familia, mismo lugar donde fue encerrada en un calabozo.

Tras la detención en el calabozo, sin saber de su hija y humillada tras la detención y acusaciones en su contra, Joane entró en una crisis nerviosa, la cual se vio potenciada tras su incapacidad de comunicarse con quienes estaban con ella. Tras la desesperación de Joane, azotó su cabeza contra la pared que le provocó lesiones y, más tarde, fue trasladada a la Posta Central, donde estuvo en estado de coma por 4 días. Paralelo a esto, Wilfred no lograba encontrar a Joane también por la barrera idiomática y además por estar sin sus documentos, lo que también le impidió confirmar su parentesco con Wilfiana, su hija, quien a esas alturas se encontraba en el Sename y permaneció al cuidado de esta institución.

La salud de Joane fue mejorando y empeorando a ratos, preguntando constantemente por su bebe. La joven madre, a esas alturas, se encontraba en una fuerte depresión al no saber de su hija, sentir que la trataron como una delincuente, además de verse afectada por el nivel de divulgación de su imagen por la prensa: “(…) y lo que más me afectó es que no me puedo defender porque no hablo español”, señaló Joane a Jean Telo Noel, médico haitiano y facilitador intercultural del recinto (Fuentealba, 2018). Finalmente, en septiembre del 2017, el Juzgado de Familia de Pudahuel ratificó que Wilfiana estaría bajo la tutela del Sename, lo que generó una fuerte descompensación a Joane al enterarse. Con esta situación, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir una hepatitis fulminante, lo que evolucionó a una muerte cerebral y, finalmente, terminó en su fallecimiento a los 27 años.

 

Violencia institucional e interseccional

El caso de Joane refleja una situación de violencia contra una mujer, madre, migrante haitiana y afrodescendiente. Estos diversos factores permiten hablar de una violencia “interseccional”, es decir, que existen diversos tipos de opresión o discriminación que contribuyen a un sistema de injusticias y desigualdades, que es lo que ocurre como e el caso de las mujeres afrodescendientes (Navarrete y Poblete, 2019) o, tal como ocurre con Joane, mujer inmigrante y afrodescendiente. En su caso, el principal problema que afrontó fue la incomunicación: es decir, al no dominar el español y no existir facilitadores interculturales en el cultural, nadie la entendió y directamente se le juzgó de algo sin comprender el contexto. En este caso, Joane pasó por varias instituciones (como Municipalidad y Carabineros) y ninguna tuvo la capacidad de poder interpretarla o entenderla, sino que se hizo un juicio inmediato, incluso, Carabineros llamando a la prensa tras señalar el caso de una mujer haitiana que había abandonado a su hijo, lo que demuestra una situación de racismo desde las mismas instituciones estatales (Diario UChile, 2019).  Además, también existen acusaciones de que, en el contexto de la detención de Joane, hubo personas que dominaban el creole y se acercaron para ayudar e interpretar a Joane, sin embargo, Carabineros no escuchó ni aceptó este apoyo, llevándola directamente a la detención (Rehbien, 2017). El caso de Joane Florvil es un ejemplo de racismo expresado en la materialización de las barreras lingüísticas y prejuicios morales, imputando un delito (sin justificación) con exposición mediática y sin resguardo de su identidad, además del trato desventajoso por parte de diferentes instituciones públicas contra ella (Cantero, 2022).

La situación de Joane, forma parte de una situación compleja sobre discriminación contra la población inmigrante afrocaribeña, es decir, la inmigración colombiana, venezolana, dominicana y haitiana, a las cuales se les ha identificado históricamente como personas “negras”: concepto que implica diversos estereotipos y significaciones raciales al asociar a la población afrocaribeña como sujetos “bárbaros” o “incivilizados” solo por su color de piel, siendo prejuicios que distancian o marginan a estos grupos inmigrantes de la sociedad chilena  (Belliard, 2016). Por lo mismo, que este caso refleja este racismo histórico contra la población afrocaribeña o afrodescendiente, las cuales datan desde los tiempos de la colonia. A esta arista, se suma el racismo institucional tras las irregularidades cometidas dentro de las instituciones públicas, por lo que recae la responsabilidad del Estado al cometer injusticias contra una persona que es mujer, inmigrante y afrodescendiente (Diario UChile, 2019).

 

Prejuicios raciales y de género desde los medios de comunicación

La cobertura periodística sobre el caso, manifestó diversos estereotipos raciales y de género respecto a los roles de maternidad y paternidad: en el caso de Joane, fue una situación de una madre migrante y afrodescendiente que no hablaba español, contexto en el cual los medios construyeron una imagen de “mala madre” como una mujer que abandonó a su hija al instante, siendo ésta la imagen pública que se construyó sobre Joane (Araya y Cantero-Sánchez, 2019). De hecho, la cobertura de los medios se basó en el relato “Haitiana abandonó a lactante”, tanto en la prensa escrita, como medios electrónicos y en la radio, promoviendo prejuicios sobre Joane en la misma audiencia (Fuentealba, 2018). La mayoría de los medios de comunicación publicaron que Joane había abandonado a la lactante de dos meses, sin siquiera tener todos los antecedentes para señalar dicha información o sin tener el mismo testimonio de Joane, quien en ningún momento tuvo acceso a un traductor/a para explicar lo que realmente pasó, lo que implica una irresponsabilidad mediática e institucional (Acuña, 2020).

Entre algunos de los titulares y frases que circuló en los medios de comunicación, estuvieron: “Lactante de dos meses es abandonada por su madre”, “va a quedar a disposición de la justicia por abandono de niño, ese es el delito”, “Dejó a su bebé abandonado y se retiró”, entre algunos ejemplos, acusaciones que Joane desconocía tras no dominar el idioma y, en su desesperación en el calabozo, comenzó a golpear su cabeza en una pared (Rojas y Pizarro, 2017). Estos son casos en donde los medios reproducen estereotipos raciales y de género, los cuales generalmente surgen cuando se trata de mujeres inmigrantes. De hecho, diversos estudios señalan que ha existido un efecto negativo de los medios de comunicación de masas al tratar casos de mujeres inmigrantes, ya que generalmente se refuerza los roles tradicionales domésticos (ser “buena madre”), los cuales dificultan la consolidación de ideas de igualdad y equidad de género (Nash, 2005). En ese sentido, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ratificado por Chile en 1971), señala el compromiso de los Estados se comprometan con una política encaminada a eliminar la discriminación en todas sus formas, en particular cuando se trata de sus propias instituciones. Por lo mismo que el caso de Joane, junto con ser parte de una violencia institucional e interseccional, también implica una falencia en el compromiso de terminar con la discriminación racial.

En 2017 se realizó un mural en homenaje a Joane Florvil en Barrio Bellavista. Como aquel mural, en muchos lugares se realizaron demostraciones artísticas en recuerdo de Joane, pero también en un llamado a terminar con el racismo. - Fotografía: El Mercurio.

En 2017 se realizó un mural en homenaje a Joane Florvil en Barrio Bellavista. Como aquel mural, en muchos lugares se realizaron demostraciones artísticas en recuerdo de Joane, pero también en un llamado a terminar con el racismo. – Fotografía: El Mercurio.

En memoria de Joane

La muerte de Joane generó una discusión sobre el racismo y xenofobia arraigado en la sociedad chilena, como también la vulneración de derechos de la población inmigrante, negligencia y racismo institucional que operó en este caso, dando cuenta de las deudas que existen respecto a la política migratoria. Por lo mismo que diversas organizaciones sociales y feministas ha promovido el 30 de septiembre como el Día Contra el Racismo en Chile, a modo de conmemorar el fallecimiento de Joane Florvil. La idea de conmemorar y mantener la memoria de Joane, tiene que ver con cuestionar el racismo y xenofobia arraigada en la sociedad chilena, como también en las mismas instituciones públicas y estatales (Lorca, 2022). En esta fecha, se han realizado jornadas de reflexión, romerías y conversatorios que abordan principalmente temas como el racismo en Chile y los Derechos Humanos de la población inmigrante, además de recordar cómo la institucionalidad del Estado le falló a la joven haitiana, a modo de no olvidarse de esta situación (El Mostrador Braga, 2022).

También existen organizaciones de Derechos Humanos que han trabajado en temas como racismo y los Derechos Humanos de la población migrante, expresada principalmente en la Articulación Migrante Justicia y Dignidad Sin Fronteras (la cuál reúne una serie de organizaciones como Londes 38 y personas defensoras de Derechos Humanos). Dicha articulación inició una campaña llamada “De 30 a 30”, la cual consiste en realizar actividades entre el 30 de agosto y el 30 de septiembre, relacionadas con la lucha antirracista, visibilización de la violencia contra inmigrantes e insistir en el reconocimiento del 30 de septiembre como el Día Contra el Racismo en Chile, a modo de recordar y no olvidar la muerte de Joane, bajo el elma “No fue el idioma, fue el racismo”, como una manera de visibilizar este caso como un ejemplo de racismo en Chile (Sills, 2021).

Portada del disco Cantos en memoria de Joane Florvil

El caso de Joane también provocó un impacto cultura relevante en Chile, inspirando producciones musicales y teatrales, tal como es el caso de la canción “Joane” publicada y producida por Gepe el 2018 (músico y compositor musical) basada en la historia de vida de Joane, como también la obra de teatro “Alas Negras” de la compañía La Fábrica Teatro el 2019, la cual toma el caso de Joane para cuestionar el racismo institucional y cultural existente en Chile (Flores, 2019). Más recientemente se exhibió el cortometraje “Se llamaba Joane” en Matucana 100 el año 2020, dirigido por Pedro Campos, con la finalidad de crear un material en memoria de Joane Florvil. En el ámbito musical, el 2021 se publicó el disco Cantos en memoria de Joane Florvil por parte del sello Aula Records (sello discográfico perteneciente a la Universidad de Santiago de Chile) en formato digital, vinilo y cassette, con la participación de diversos compositores, intérpretes y músicos, las cuales contiene los temas “Elegía para Joane Florvil” y “Cantos para Joane”, cuyos sonidos conjugan electrónica y ritmos africanos, uso de instrumentos tradicionales para representar la raíz africana, con momentos de catarsis y otros más tranquilos, con la finalidad de expresar momentos celestiales como también rabiosos y denunciantes (Diario UChile, 2021).

No cabe dudas de que el caso de Joane Florvil fue un punto de inflexión dentro de la historia reciente de Chile: si bien no es el único caso de racismo y vulneración de Derechos Humanos contra la población migrante, la cobertura mediática y posterior cuestionamiento respecto al rol del Estado y los medios de comunicación, dio pie para un debate más amplio sobre la situaciones y violencias cotidianas que viven la población inmigrante y afrodescendiente en Chile, como también la interseccionalidad o múltiples violencias que pueden existir, tal como ocurrió con Joane, por ser mujer, inmigrante y afrocaribeña.

Canción

«Elegía para Joane Florvil» del disco Cantos en memoria de Joane Florvil. El álbum es un trabajo que reúne dos obras inspiradas en el caso de discriminación de Joane Florvil.

La migración es un fenómeno histórico en Chile, sin embargo, ha sido en las últimas cuatro décadas donde se ha notado su incremento y, por lo tanto, un debate más amplio sobre políticas migratorias y los Derechos Humanos de la población inmigrante. Además, los problemas asociados al racismo y la xenofobia, también están arraigados en la sociedad chilena, principalmente por las nociones y prejuicios existentes sobre la población indígena y afrodescendiente, las cuales durante siglos han sido situados como sujetos “inferiores” o como “bárbaros” en comparación con la población europea o mestiza.

Desde el siglo XV al XIX, diversas empresas de conquistas europeas comenzaron a llevar esclavos africanos a las colonias americanas. En dicha época, se pensaba que los esclavos negros no eran seres humanos, por tanto se les utilizaba para trabajos forzados y largas jornadas de trabajo- Fuente: National Geographic

Racismo e inmigración en Chile y América

En el siglo XVI, los conquistadores españoles y portugueses que llegaron a América en pleno contexto de conquista, tenían un gran desconocimiento sobre los pueblos originarios que habitaban en dicho territorio. La poca información y prejuicios existentes en la época, hicieron que las autoridades europeas consideraran a los pueblos indígenas como caníbales y “bárbaros”, lo que permitió legitimar y naturalizar un sistema de esclavitud contra pueblos indígenas y la población afrodescendiente que llegaba desde África hacia las colonias americanas. En este contexto prevaleció una “sociedad de castas”, es decir, una estratificación social que se basó en el color de la piel y descendencia, quedando la población blanca (y por lo tanto europea) en un estrato superior, mientras que indígenas y población afrodescendiente en un lugar inferior (Wade, 2000). A partir de este esquema social, se institucionalizó la discriminación por color de piel (al distinguir entre población blanca, indígena y afrodescendiente) instalando diversos prejuicios y estereotipos que incluso, perduran hasta la actualidad.

Recién en el siglo XIX se comenzó a discutir sobre el concepto de “raza”, inicialmente para hacer referencia a las diferencias que existía entre países, y posteriormente, para referirse a las diferencias del color de la piel. En ese mismo contexto, en pleno auge del conocimiento científico y biológico, se comenzó a sostener la existencia de “razas superiores” y “razas inferiores” esta vez con argumentos médicos y científicos, quienes comenzaron a explicar mediante argumentos científicos y médicos la supuesta superioridad del hombre-blanco-europeo y su estatus superior en comparación con otras razas “inferiores, dicho fenómeno fue lo que se denominó como racismo científico. La promoción de estos postulados en los siglos XIX y XX (cuya expresión más notoria fue la segregación racial ocurrida durante la Alemania Nazi), es lo que explica el racismo actual expresados en el prejuicio, discriminación, exclusión y segregación contra pueblos indígenas, migrantes y afrodescendientes, las cuales se manifiestan actualmente ante un escenario migratorio en plena globalización (Correa, 2016). En este mismo contexto, principalmente en el siglo XIX, diversos intelectuales chilenos comenzaron a escribir y caracterizar lo que denominaban como “raza chilena”, a modo de distinguir la sociedad chilena de sus países vecinos y señalar que Chile era más parecido a una nación europea que a otro país como Bolivia y Perú. Nicolás Palacios, intelectual de la época, señaló en 1918:

«La inmigración latina interrumpe entre nosotros dos de las escalas de ascenso social: la del comercio y la de las artes manuales (…) Habrá algún remedio? (…) Y aún el mal no existiría si, en lugar de justificar, de proteger, de fortalecer el instinto natural y correcto del pueblo chileno, su clase «ilustrada» y dirigente no estuviera imbuida en las doctrinas absurdas de la fraternidad universal (…)” (Palacios, 1918)

Escritos como los de Palacios, no sólo caracterizaron a la sociedad chilena como “ilustrada”, sino que planteaba su fuerte crítica a la inmigración latinoamericana a Chile en pleno siglo XIX, por asociarlas a la “barbarie” y la “incivilización” que llegaba al país. Y es que, en este contexto, junto con el racismo de la época, también se comienza a fortalecer una estigmatización social contra la población extranjera latinoamericana que se encontraba en Chile, quienes ya en ese entonces se les denominaba como inmigrantes. Al igual que en los tiempos coloniales, en el siglo XIX se mantuvo una jerarquía social en donde la población inmigrante era considerada una “raza inferior” en comparación con la población chilena debido a sus rasgos físicos y culturales, lo que justificó la violencia, desprecio, intolerancia e, incluso, la explotación laboral hacia la población inmigrante Chile (Correa, 2016).  Además, contextos como la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839) y la posterior Guerra del Salitre (1879-1884), fueron coyunturas que reforzaron más la idea de “superioridad” de Chile y el racismo contra países como Perú y Bolivia (países con gran presencia de población indígena).

Una vez finalizada la dictadura militar en Chile, el país enfrenta un proceso de restauración democrática y de aparente estabilidad política, transformándose en un país atractivo para la inmigración peruana, boliviana, argentina y ecuatoriana, principalmente las dos primeras tras ser países cercanos a Chile. Sin embargo, la llegada de estas olas migratorias generó nuevos estereotipos y prejuicios sobre este fenómeno, reforzados principalmente desde medios de prensa escritos: de hecho, se comenzó a instalar la idea de que la mayoría se trataba de inmigrantes ilegales, delincuentes, generalmente pobres y marginales e, incluso, se instaló la idea de que la llegada de inmigrantes les “quitarían” fuentes de empleo a trabajadores/as chilenos/as (Stefoni, 2003). Dichos planteamientos han prevalecido en los últimos años tras la llegada de nuevas migratorias desde Haití y Venezuela, las cuales también han generado una discusión y sensibilización sobre la discriminación y el racismo en Chile, situación denunciada desde diversas organizaciones y movimientos compuesto por población inmigrante y activistas por el derecho a migrar.

El terremoto de Haití del 2010 dejó más de 300.000 muertes y la destrucción de casi todo el país. En la imagen, el Palacio Presidencial de Puerto Príncipe tras el terremoto- Fuente: BBC

Migración haitiana

Si bien Chile ha recibido inmigrantes de manera histórica, la diáspora haitiana posiblemente eso uno de los fenómenos más recientes en las últimas décadas. Haití es un país con una historia de rebeliones, golpes de Estado, intervenciones militares desde Estados Unidos y una serie de dictaduras que prevalecieron durante el siglo XX, siendo los golpes de estado de 1991 y 2004 los que marcaron la crisis política actual de dicho país, siendo motivo para la intervención de una Misión de Estabilización de las Naciones Unidas hasta el 2017. Al contexto político de Haití, se suma el antecedente de ser uno de los países de América con más índice de pobreza, mortalidad infantil y de hambre. Estos antecedentes han consolidado una profunda crisis e inestabilidad política, social y económica en dicho país, en donde muchas veces se habla de un “Estado fallido”: es decir, la existencia de la ingobernabilidad por parte del Estado haitiano, además del descrédito y desconfianza en sus instituciones (Pedemonte, Amode y Rencoret, 2015). La situación empeoró tras el terremoto del 2010, lo que causó un éxodo masivo de personas, muchas en condición de refugiados o bien, con la intención de encontrar mejores condiciones de vida y económicas en el extranjero.

En los últimos años, la inmigración haitiana a Chile aumentó exponencialmente a partir del 2010, llegando a representar el año 2020, el 12,5% de la comunidad migrante en Chile (INE, 2020). Sin embargo, la comunidad haitiana ha sido víctima de un fuerte racismo y clasismo por parte de la sociedad chilena, desde provocaciones en medios de comunicación tradicionales y digitales, violencia física y discursos racistas incluso desde autoridades. También han ocurrido casos de discriminación institucional, tal es el caso de la reforma migratoria del 2018 la cual ofreció planes de retorno para la población haitiana, consideradas como discriminatorias por diversas organizaciones debido a que intentaba frenar únicamente la migración haitiana y no otras (Dorsainvil, 2019). Precisamente casos como los de Joane Forvil, ejemplifican la vulnerabilidad y nivel de discriminación que vive la población haitiana en Chile debido a las diferencias culturales y barreras idiomáticas, dando pie al racismo y negligencias estatales.

Globalización y políticas migratorias

Desde 1975 que en Chile operó con una ley migratoria que se dictó durante la dictadura militar, conocida como Ley N°1.094, cuyo contenido sobre migraciones se enmarcaba bajo la idea de seguridad nacional, es decir, bajo la mirada de proteger el territorio de amenazas exteriores, por lo que tenía un carácter selectivo respecto a quienes podían hacerle daño al territorio sin reconocer, por ejemplo, que muchos inmigrantes vienen a buscar trabajo (siendo la situación de la mayoría de la población migrante) y sin reconocimiento legal de esta población, por lo que esta legislación sólo permitiría reconocer al inmigrante como turista, residente permanente o residentes temporales (Stefoni, 2003). La ley actual N°21.325 publicada en 2021, se identifica como un avance significativo en comparación con la de 1975, primero porque fue debatida y publicada en democracia pero también porque mantiene la mirada de seguridad nacional, reconocimiento también la migración de fuerza laboral calificada y no calificada, además de mencionar los derechos sociales y el rol del Estado con la población migrante (Morales y González, 2022).

Diversas organizaciones y movimientos propusieron el 30 de septiembre como Día Nacional contra el Racismo, en conmemoración de la muerte de Joane Florvil- Fuente: T13

En un contexto de globalización, la constante movilización de personas se ha desarrolla en un contexto de diversos tratados internacionales sobre la migración. Por lo mismo, diversas ONG’s de migrantes y/o de Derechos Humanos han sugerido que las políticas migratorias se deben enmarcar con los acuerdos y convenciones internacionales que aseguren el derecho de todas las personas (incluyendo migrantes), y ser capaz de recoger y respetar la diversidad, asegurando el derecho de todo migrante a mantener su cultura y tradiciones (Stefoni, 2003). La migración forma parte de la globalización propiamente tal, por lo mismo es importante que las políticas migratorias reconozcan los Derechos Humanos de quienes migran y, de esta manera, prevenir y condenar cualquier acto discriminatorio ya sea por racismo o negligencia estatal, para evitar situaciones como lo que ocurrió con Joane y su familia. Por lo mismo, uno de los principales desafíos de Chile ha sido adecuar las instituciones y organismos públicos a la realidad migratoria, generando instrumentos para organizar el acceso de los/as inmigrantes a determinados servicios del Estado como una forma de garantizar derechos sociales que sean compatibles con las convenciones internacionales al respecto (Galaz, Poblete y Frías, 2017). El respeto de estos derechos es fundamental para que no ocurra episodios de violencia y discriminación por aspectos físicos o culturales, de esta manera, poder garantizar los Derechos Humanos de todas las personas sin distinción.

El año 2018, el INDH sede Tarapacá inició una campaña «Yo Aporto» con el objetivo de sensibilizar contra la estigmatización y no discriminación contra ciudadanos/as migrantes- Fuente: Noticias INDH

En materia del Derecho Internacional de Derechos Humanos, la discriminación interseccional se entiende como una diferencia irracional, subjetiva y desproporcionada a partir de varias causales de discriminación o exclusión de una persona, cuya discriminación no se puede entender sólo desde el racismo, sino también desde el sexismo y desprotección de los Derechos Humanos (Durán y Esponda, 2022). En el caso específico de Joane, fue un caso en donde los procedimientos no se ajustaron a los Derechos Humanos, ya que fue acusada y detenida sin posibilitar alguna defensa, por lo que se actuó en base a prejuicios raciales y de género (como la idea de que mujeres haitianas no cuidan a sus bebés), además de que no le otorgó garantías de alguna traducción adecuada al idioma local, generando un juicio anticipado y de manera injustica y errónea (Lorca, 2022).

En el año 2021, el Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitó reabrir el caso con la finalidad de esclarecer lo sucedido:

“En casos de denuncias de violaciones de DD.HH, de tortura u otro tipo de malos tratos, o tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Estado de Chile tiene la obligación de investigar exhaustivamente los hechos de manera oportuna, con personas competentes,  y nosotros cuestionamos que eso hubiese ocurrido en el caso de Joane Florvil” (Carvajal, 2021).

En ese sentido, tanto la Declaración Universidad de Derechos Humanos (artículo 5) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 7) señalan que ninguna persona será sometida a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 5, establece el derecho al respeto a la integridad física, psíquica y moral de toda persona, sin ser sometido a torturas u otros tratos crueles. Además, es importante recordar que la discriminación sufrida por Joane tiene múltiples factores como discriminación por género, nacionalidad, color de piel y clase, por lo mismo que se refiere a estos casos como “discriminación interseccional”. Respecto a la discriminación por género, es una situación que vulnera los principios de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (conocida como Belem do Pará), en ambas convenciones, se señala la obligación del Estado en la protección, promoción y reparación de mujeres ante hechos ilícitos cometidos por instituciones estatales. Respecto al racismo, también está la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, la cual compromete a Estado de no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra las personas, grupo de personas o instituciones, además de resguardar en que todas las autoridades e instituciones públicas velen por este compromiso.

Es importante señalar que, para la ONU, la migración implica una serie de beneficios para las comunidades de origen y de acogida, pero también significa diversos problemas cuando ésta no es bien regulada, o bien, cuando no se respeta los Derechos Humanos de quienes migran. Por lo mismo, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, señala la necesidad de incorporarse a este contexto de cambios demográficos y sociales, permitiendo crear condiciones propicias para que los migrantes puedan enriquecer a las sociedades de llegada con sus capacidades humanas, económicas y sociales. Por otro lado, la OEA reconoce que es deber de sus Estados miembros el respetar, proteger, promover y garantizar los Derechos Humanos de todas las personas independiente de su nacionalidad, o su situación migratoria, lo que incluye casos de refugios, apátridas o víctimas de trata de personas. Por lo mismo, los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas Migrantes, Refugiadas, Apátricas y las víctimas de la Trata de Personas, en su segundo principio, señala explícitamente que todo migrante tiene el derecho al respeto de su dignidad humana, incluida su dignidad física y su integridad sexual, psíquica y moral, cualquiera sea su situación migratoria o lugar de origen, además señala el compromiso del Estado en crear condiciones que provean un nivel de vida adecuado y compatible con la dignidad de la persona humana.

Son diversos los desafíos de Chile en materia migratoria, de hecho, el caso de Joane es un ejemplo de cómo las instituciones públicas no velaron por su protección o por facilitar condiciones para atender a sus necesidades de ese momento. En este caso, es claro que no se cumplieron con varios aspectos de los Derechos Humanos de las personas migrantes y de las personas en general. Por lo mismo es fundamental que, en estos casos, se logre esclarecer que fue lo que realmente sucedió con Joane, con la finalidad de garantizar la no repetición de este nivel de negligencias y racismo.

Instrumentos internacionales de derechos humanos relacionados con el caso:

Leyes y documentos oficiales

Prensa y documentos online

  • Acuña, B. (15 de mayo, 2020). Joane Florvil: Cuando el racismo se vuelve institucional. El Regionalista. Consultado el 27 de diciembre del 2022
  • Bordalí, M. (24 de agosto, 2018). Gepe canta sobre el caso de Joanne Florvil en su nuevo single “Joane”. La Tercera. Consultado el 28 de diciembre del 2022.
  • Carvajal, C. (27 de julio, 2021). Rodrigo Bustos, abogado del INDH y caso de Joane Florvil: “El Estado debe adoptar políticas para que no vuelva a suceder”. Diario UChile. Consultado el 30 de diciembre del 2022.
  • Diario UChile (30 de septiembre, 2019). A dos años de la muerte de Joane Florvil: cuando el racismo se vuelve institucional. Diario UChile. Consultado el 26 de diciembre del 2022.
  • Diario UChile (18 de octubre, 2021). Cantos en memoria de Joane Florvil: el nuevo disco de Aula Records. Diario UChile. Consultado el 28 de diciembre del 2022.
  • Durán, C. y Esponda, M. (30 de septiembre, 2022). Joane Florvil: un caso de violencia y racismo institucional. El Mostrador.
  • El Mostrador Braga (26 de septiembre, 2022). Día Contra el Racismo: organizaciones sociales y feministas conmemorarán la fecha en memoria de los cinco años del fallecimiento de Joane Florvil. El Mostrador. Consultado el 28 de diciembre del 2022.
  • Flores, J. (27 de septiembre, 2019). Alas Negras, la obra de teatro que retrata los últimos días de Joane Florvil. De Frente Revista. Consultado el 28 de diciembre del 2022.
  • Fuentealba, C. (05 de enero, 2018). En busca del sueño chileno: la trágica historia de Joane Florvil. La Pulseada. Consultado el 26 de diciembre del 2022.
  • Lorca, M. (30 de septiembre, 2022). Día contra el racismo en Chile: El caso de Joane Florvil. Programa Académico de Bachillerato. Universidad de Chile.Consultado el 27 de diciembre del 2022.
  • Morales, A. y González, J. P. (07 de noviembre, 2022). Política migratoria: un balance. Ciper Chile.
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