Imagen: INDH

La pobreza es un problema complejo y multidimensional, ya que no sólo implica la carencia o vulnerabilidad según ingresos, sino que también se relaciona con una calidad de vida aceptable, soportable y decente, lo que incluye tener cubiertas otras necesidades como salud, educación y estándar de vida, es lo que podemos definir como “pobreza multidimensional” o “pobreza con enfoque multidimensional” (Araya, 2010, 54-55). Desde este enfoque, la pobreza vulnera distintos derechos económicos y sociales fundamentales, como el derecho a la salud, a una vivienda adecuada, a la alimentación, el agua potable y a la educación, estipulados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además que también limitada otros derechos como el juicio justo, la participación política y la seguridad de las personas que viven en la pobreza, en consideración con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo mismo que la misma ONU sugiere considerar las múltiples facetas de la pobreza, ya que dicha problemática limita el acceso adecuado a derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales fundamentales para la población (ACNUNDH, s. f.).

Desde el INDH, además, se ha señalado que la pobreza es una situación inaceptable ya que:

1. Se opone al derecho a una vida digna y adecuada
2. Obstaculiza el goce de derechos fundamentales, particularmente en grupos más vulnerables (mujeres, pueblos indígenas, personas mayores, con discapacidad, niños y niñas, entre algunos)
3. Permite el fortalecimiento de la trata y tráfico de personas (INDH, 2015, 61)

Existen diversos casos en que el INDH ha constatado que personas, familias y/o familias más pobres, son las que más dificultades tienen para acceder a derechos fundamentales. Por ejemplo, situaciones donde familias pobres al cuidado de personas mayores que no tienen recursos para garantizar el derecho a la salud, tal como ocurrió con el caso de Vinicio Poblete Vilches el año 2001. O el mismo caso en La Legua, en donde los niveles de pobreza ha afectado principalmente a niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos/as viviendo en la extrema pobreza, lo que impide garantizar elementos importantes como el derecho a la educación a la salud. Estos casos dan cuenta que la pobreza es un problema que afecta otros temas como el derecho a la salud o a la educación. Por lo mismo que el  Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (ONUD) considera, en su Informe de Desarrollo Humano, indicadores multidimensionales de la pobreza, como el nivel de ingresos, acceso a la educación, salud, alimentación, nutrición y otras necesidades básicas. Con estos indicadores, se ha permitido comprender la pobreza no sólo desde la carencia o necesidad (tal como se ha instalado desde el enfoque monetarista), sino desde la falta de acceso a derechos básicos y fundamentales, por lo que es una problemática que también puede implicar una violación a los Derechos Humanos por parte del Estado al no garantizar estos derechos. Inclusive, la lucha para disminuir la pobreza también implica reforzar valores de una sociedad democrática:

“En esa perspectiva, al estar privado de su capacidad, quien padece pobreza está igualmente privado de su libertad para alcanzar los niveles mínimos de subsistencia, en el plano material o cultural. No es libre para evitar el hambre o la sed, o la enfermedad o el analfabetismo. No es libre tampoco para recibir información de toda índole o para difundir su pensamiento, o para trasladarse a cualquier punto del territorio donde habita, o para participar en el gobierno. Todas estas libertades son inherentes a la persona y a su dignidad, de modo que su privación implica la conculcación de los derechos humanos a los que dichas libertades se corresponden” (Nikken, 2012, 188)

Por lo mismo que los millones de seres humanos que viven en la pobreza a nivel mundial, no sólo es un desafío del sistema internacional de los Derechos Humanos, sino que también para aquellos gobiernos comprometidos con el fortalecimiento democrático y su compromiso de garantizar derechos y libertades públicas.

La pobreza en Chile: Una constante histórica

Conventillos, hacia 1900- Imagen: Memoria Chilena

Si bien la pobreza ha sido de gran preocupación en el mundo actual, si existencia tiene orígenes históricos y durante siglos. En el caso de Chile, ya desde los tiempos coloniales se hacía referencia a “vagabundos mal entretenidos”, “nubes de mendigos” y “plagas devoradoras de frutas”, para hacer referencia a los sectores populares de la época, quienes generalmente estaban en las calles buscado trabajo o cometiendo revueltas y saqueos para sobrevivir. Entre 1780 y 1835, el empresariado chileno no estaba en condiciones de ofrecer trabajo asalariado a la gran masa desocupada y marginada, sino que sólo existía trabajo ocasional, trabajo forzado o servidumbre sin remuneración real (Salazar, 2000, 148). Hacia fines del siglo XIX, Chile experimentó un proceso de expansión territorial y de adquisición de nuevas riquezas tras anexar territorios el sur (en el contexto de la Ocupación de la Araucanía de 1851) y en el norte (tras la Guerra del Salitre de 1879 contra Perú y Bolivia). Particularmente tras el último evento, el país vivió un “Boom del Salitre” entre 1880 y 1930, que permitió un fuerte crecimiento económico, desarrollo industrial y enriquecimiento proveniente de la exportación del salitre. Las ganancias y altos niveles de enriquecimiento, se generó en paralelo a un malestar y descontento generalizado entre los sectores populares y más empobrecidos de la sociedad. Además, la migración campo-ciudad que se generó en la misma época del “boom” (con la finalidad de encontrar nuevas oportunidades laborales en la ciudad), comenzó a acumular personas alrededor de las ciudades como Santiago.

Las condiciones y escasez de las viviendas que se construyeron para estos habitantes, en condiciones mínimas de higiene, generaron un gran problema habitacional que se le denominó como “cuestión social”. Se le denominó así al período entre 1880 y 1920, en donde si bien la pobreza y desigualdad social tiene orígenes de hace siglos, fue en este contexto cuando se reconocen estos fenómenos como problemas sociales. La situación se hizo más evidente tras los niveles de hacinamiento en los alrededores de las ciudades, humedad y oscuridad de las habitaciones, además de pugnas entre vecinos, aumento de la violencia y criminalidad, excesivo consumo de alcohol y la prostitución, cuyas conductas implicaban prácticas ilegales para la época (Correa & Et. Al., 2019, 54). La acumulación de problemas sociales y malas condiciones de vida, también fueron motivo de diversos movimientos sociales protagonizados por trabajadores y obreros, por medio de la movilización, pero también desde escritos, ensayos y artículos publicados en la prensa. Ejemplo de esto fue Luis Emilio Racaberren, líder sindical que en las primeras décadas del siglo XX ya hacía referencia a las mejoras salariales y laborales, además de su crítica a la oligarquía de la época, y el rol de la educación en sectores populares y obreros. De manera temprana, Recabarren hacía referencia al derecho de los trabajadores/as, en tiempos donde los sindicatos no serían legales todavía, por lo que se reconoce su aporte en el apoyo a organizaciones, gremios y mancomunales de la época (Massardo, 2008, 23).

Olla común en Macul, durante el invierno de 1984- Imagen: Interferencia

Recién en la década de 1920 y hasta 1973, una serie de transformaciones sociales y políticas le darían mayor protagonismo al Estado en resolver la pobreza y desigualdades existentes en el país. Por lo mismo, fue un periodo en donde distintos gobiernos implementaron políticas e instituciones focalizadas a cubrir derechos fundamentales como la salud, educación, vivienda y protección social, lo que significó un aumento del gasto público para cubrir estas necesidades. Este contexto daría origen al Estado de Bienestar en Chile (1924-1973) cuya mayor expresión se reflejó en la Constitución de 1925, el cual significó un avance en derechos políticos y civiles al reconocer a distintos partidos políticos, instalar el principio de democracia participativa, libertad electoral, libertad religiosa y educacional (Silva & Silva, 2003, 245-257). Más adelante, durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y Salvador Allende (1970-1973), se avanzaría con más fuerza en derechos sociales, culturales y económicos, tras la fuerte presión social que existía para mejorar la cobertura y acceso a la salud, previsión, educación y vivienda, reflejados en el fortalecimiento de la reforma agraria (con la finalidad de modernizar el mundo agrario y redistribuir la tierra), políticas destinadas para fortalecer las organizaciones sociales y civiles, políticas vivienda para solucionar la crisis habitacional y un fuerte aumento del gasto público en materia de educación, salud y vivienda.

Actualmente Chile tiene uno de los mejores índices de pobreza en comparación con otros países de América Latina, sin embargo, los niveles de desigualdad y discriminación en términos de clase social (y otros factores como género, nacionalidad, orientación sexual, entre otros) siguen siendo preocupantes. De hecho, diversas instituciones y organismos internacionales reconocen que Chile ha logrado avances institucionales, económicos y sociales en la última década, que ha permitido mejorar el bienestar de la población y el desarrollo humano, sin embargo, siendo un país con ingresos altos (y con bajos índices de pobreza monetaria) el porcentaje de pobreza multidimensional siguen siendo altos: hacemos referencia a la carencia económica y material que existe en zonas rurales, la cantidad de familias que siguen viviendo en campamentos (los cuales además se ven expuestos ante amenazas naturales como inundaciones, sismos e incendios), un 41% de personas que viven en viviendas deterioradas (hasta el 2022) y un alza de precios en viviendas que mantiene un déficit habitacional (PNUD, 2022, 16-24). De hecho, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, desde el 2015, que advirtió al Estado de Chile que sus medidas en la lucha contra la pobreza, no han sido suficientes para disminuir la brecha de desigualdad y niveles de pobreza y extrema pobreza, afectado a grupos más desfavorecidos y marginados, particularmente pueblos indígenas (ONU, 2015, 8).