La Legua: Criminalización, violencia policial e intervención estatal, 1990-2005

Derecho a la protesta Pobreza

RESUMEN:

Históricamente la población La Legua ha sido un ejemplo de las luchas populares por conseguir una vivienda digna. Sin embargo, a partir de la violencia estatal, y las transformaciones económicas y sociales ocurridas en dictadura, los efectos del abandono del Estado en las poblaciones más pobres del país han facilitado la aparición del narcotráfico, el consumo de drogas, y la inseguridad pública. Las tensiones entre las históricas prácticas de organización y solidaridad, el narcotráfico y las constantes intervenciones policiales que han privilegiado un enfoque criminalizador y persecutor, han traído consigo múltiples casos de vulneraciones a los derechos humanos de la población y derechos de la infancia, ilustrando el modo en que históricamente se ha relacionado el Estado con las poblaciones más pobres de Chile.

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La Legua fue y es un barrio popular e histórico dentro de Santiago, ubicado en la comuna de San Joaquín. Nació a principios del siglo XX y se consolidó como un barrio de pobladores en la década de 1940 y 1950, caracterizándose por su tradición de luchas sociales, organización y militancia política. Sin embargo, en los últimos años, la Legua ha enfrentado problemas graves como la delincuencia y el narcotráfico, lo cual ha forzado a una estigmatización del lugar e incrementado la marginalidad y los niveles de pobreza. De hecho, hasta el 2017, cerca de un millón de niños, niñas y adolescentes vivían bajo condiciones de pobreza, demostrando que la desigualdad social existente afectó en mayor medida a la niñez e infancia, llegando a 703 mil niños en situación de pobreza y 264 mil en extrema pobreza (Concha, 2021). Uno de los principales problemas que influyó en esta situación fue el narcotráfico, lo que ha afectado a los sectores más jóvenes de este barrio. Con la llegada y consumo de la marihuana, pasta base y la cocaína, se produjo un mercado que logró atraer a parte de la juventud de La Legua, al implicar un negocio rápido, que garantiza grandes ganancias (y de forma rápida) y generar cierto “respeto” en los barrios en donde existe este fenómeno, siendo incluso una opción para salir de la pobreza.

Intervención del Estado y el Programa “Barrio Seguro”

La situación de pobreza y narcotráfico son problemas cuya consecuencia es el aumento de la violencia y criminalidad, lo que se transformó en una preocupación en los gobiernos que llegaron con la transición democrática. Desde la década de 1990 que se inició una campaña por contrarrestar los problemas sociales y de seguridad en La Legua, lo que al mismo tiempo reforzó un discurso de criminalización hacia al sector, al asociarlo directamente con la inseguridad. De esta manera, se comenzó a incrementar la presencia policial en las zonas más conflictivas con el objetivo de disminuir la inseguridad y criminalidad. Sin embargo, dicha intervención comenzó a generar una estigmatización sobre la población La Legua, ya que se le categorizó como uno de los barrios “problemáticos”, “críticos” y “vulnerables” de la Región Metropolitana a principios del 2000, justificándose así una mayor presencia del Estado por medio de programas de Seguridad Ciudadana. Uno de los primeros programas fue “Barrio Seguro” implementado en enero del 2002 bajo el gobierno de Ricardo Lagos, cuyo propósito fue la intervención de doce barrios vulnerables por medio de mayor despliegue policial para dar señales de presencia del Estado y “darle una señal a las bandas organizadas de tráfico de drogas, que se iba a luchar contra ellas” (INDH, 2015, 13), siendo La Legua uno de los barrios intervenidos por medio de esta política.

Con el programa Barrio Seguro, la población de La Legua comenzó a vivir en un permanente control de Carabineros en puntos fijos, con vehículos blindados y autos policiales en las calles, creando una imagen que, para los habitantes de la población, era más similar a una guerra con fuerzas de ocupación que un barrio normal (Concha 2021). En un informe publicado por el INDH se señaló que dicho programa, a pesar de sus objetivos de disminuir la violencia y criminalidad en barrios vulnerables, lo que logró que crear un paisaje militarizado, con características de un Estado de Excepción en la zona que, para los propios pobladores, contribuía al abuso policial y atropello de sus derechos fundamentales (INDH, 2015).

Otras de las críticas realizadas a este programa fue que generó un efecto contrario a los propósitos iniciales de este programa, principalmente al aumentar el clima de violencia e inseguridad en la zona: si bien se logró un incremento importante de la presencia policial, de los controles de identidad, patrullaje en puntos de venta de drogas y arresto de cabecillas de las redes de narcotráfico, dichas acciones no se sustentaron con el tiempo. Al contrario, zonas como La Legua Emergencia sigue siendo un barrio con extrema peligrosidad, con lugares de acopio y distribución de drogas a pesar de las intervenciones policiales (Fruhling & Gallardo, 2012). Finalmente y, con estos antecedentes, el año 2006 se dio término al Programa Barrio Seguro, debido a la desconfianza que comenzó a generar dicha política pública para enfrentar estos problemas.

 

Narcotráfico y la lucha contra el consumo de drogas

A pesar de la presencia policial y de la intervención estatal ocurrido en La Legua, el fracaso de estas políticas incrementó la desconfianza de los pobladores en el Estado. En este punto, ocurre una situación similar a México y países de América Central que, cuando se debilita el Estado en la lucha contra el crimen organizado, da paso a la sofisticación y fortalecimiento de organizaciones criminales como el narcotráfico, más aún cuando está presente la pobreza en dichos lugares (Morales, 2011). Incluso también se dan situaciones en donde los mismos narcotraficantes invierten algunas sumas de dinero en la construcción de obras sociales o para establecer relaciones clientelares o de protección con la propia comunidad (Guerrero, 2009), por lo que se establece un nuevo orden social en donde el Estado deja de ser un actor relevante. Aunque Chile no tiene la categoría de “Estado débil” como ocurre en países como México, Guatemala y El Salvador (a raíz del mismo problema del narcotráfico), sí que ocurre que, en lugares como La Legua, la presencia débil del Estado y de servicios sociales dan paso al incremento del delito y la violencia.

Por lo mismo anterior es que el narcotráfico ha sido uno de los principales problemas en La Legua y en donde, lamentablemente, gran parte de su población se ha vinculado con dicho fenómeno. El negocio comenzó a funcionar con dos tipos de narcotraficantes: los grandes vendedores y los distribuidores (o microtraficantes), quienes operan en las denominadas “oficinas”, es decir, casas que usan para la preparación, almacenamiento y venta de la droga, para posteriormente distribuirlas en paquetes a otras comunas (Villarrubia, 2011). A pesar de que los narcotraficantes suelen ejercer violencia material y simbólica en los barrios en donde se desenvuelven, también ocurre que se transforman en la única posibilidad de muchos pobladores para lograr sustento económico, por lo que se convierten en una oportunidad e incluso, una práctica legítima para quienes quieren prosperidad (Ganter, 2016, 289). Tal como lo señala José, ex habitante de La Legua:

“Hay una cultura muy fuerte alrededor de la figura del narco, existe casi una veneración por ese estilo de vida. El poder de las armas, del dinero, de la adrenalina de esa vida, es una promesa muy fuerte para jóvenes que viven marginados. Hablamos de niños que han crecido en barrios sin redes de apoyo, donde el “padrino” narco es muchas veces el benefactor de la familia, les compran zapatillas, les pagan cuentas. ¿Cómo le dices que no a eso?” (Concha, 2021).

Además, esta misma situación genera relaciones paternalistas entre pobladores y narcotraficantes, en donde los primeros se sienten “protegidos” por los segundos, lo que genera que el narcotráfico tenga un vínculo económico, territorial e incluso socioafectivo con la población involucrada (Ganter, 2016, 289). En la misma investigación realizada por el INDH se realizaron diversas entrevistas a pobladores en La Legua, quienes señalaron que la precariedad del trabajo y bajos sueldos explican el por qué algunas personas se vinculan con el mercado de la droga, a los cuales también se suman otras explicaciones como costear tratamientos de salud o precariedad económica de madres solteras (o con parejas en la cárcel) (INDH, 2015, 22). Por lo mismo que la presencia policial no siempre tuvo buen recibimiento por los vecinos y vecinas del lugar. Tal como lo señala un carabinero entrevistado por el INDH y que estuvo en uno de los operativos policiales en La Legua:

“[e]n el día a día uno conversa con los vecinos y es bien paradójico, ya que por una parte están algunos que nos dan las gracias por estar ahí y otros que se molestan porque estamos ahí, porque todos los días controlando vehículos, yo los entiendo. Por lo mismo nosotros intentamos hacer un trabajo de la manera más caballerosa posible. Es complicado sí, porque tú vas controlando vehículos y andan personas con armas, entonces la reacción no puede ser muy pasiva, tiene que ser muy activa, atento” (INDH, 2015)

Al fracaso de la intervención policial y el auge del narcotráfico, también se sumaron los diversos prejuicios sociales que se creó entorno a La Legua desde los medios de comunicación. Centrándose en el narcotráfico y la delincuencia, habitantes del lugar comenzaron a denunciar que sólo se daba énfasis a los aspectos negativos de la zona, sin informar aspectos positivos ni proponer un debate más a fondo de estos temas (INDH, 2015). Por la misma razón, el sacerdote Gerard Ouisse que vivía en La Legua, fue personalmente a entregarle una carta al Ministro del Interior de ese entonces, Rodrigo Hinzpeter, haciendo un llamado de atención de que la violencia no se podría contrarrestar con más violencia, ni el control policial sería la única solución al problema. Bajo esta línea, los gobiernos de Sebastián Piñera (2010-2014) y Michelle Bachelet (2014-2018), comenzaron a impulsar un plan de desarrollo social en el barrio para abordar áreas como la educación, infraestructura, empleo y control policial, lo que incluyó programas de emprendimiento, reinserción social y mejoramiento de jardines infantiles, plazas y áreas verdes. A pesar de que dichas políticas sirvieron para mejores las condiciones sociales y de infraestructura de lugar, el narcotráfico siguió siendo un problema de fondo, por lo que se no logró frenar ni las balaceras, ni el tráfico, ni la muerte de inocentes y tampoco la sensación de inseguridad (Correa, 2017).

 

Violencia, marginalidad y Derechos Humanos

Si bien la situación del narcotráfico y la violencia criminal es un fenómeno que lleva décadas en La Legua, también es cierto que la violación a los Derechos Humanos en este lugar proviene desde la dictadura militar hacia adelante, ya que fue foco de la represión policial y militar tras ser el único sector de Santiago que resistió al golpe de 1973 y rechazó las fuerzas militares (Garcés & Leiva, 2012, 27). Por lo mismo, una de las conclusiones del INDH al analizar la situación en La Legua, fue que:

“Dada la persistencia de las vulneraciones y su entrelazamiento con otros aspectos de la vida cotidiana, una de las primeras conclusiones es que distintos derechos de las personas que viven o trabajan allí han sido vulnerados sistemáticamente, en el marco de décadas de intervenciones estatales que no han logrado mejorar su situación, y en ocasiones, la han empeorado” (INDH, 2015, 52)

Con dicho antecedente, se puede entender que esta situación tiene raíces históricas de vulneración de derechos y de permanente violencia y control policial, a lo cual se suma el factor del narcotráfico. La presencia policial en estos casos, tampoco logró disminuir actos ilícitos como narcotráfico y balacera, sino que contribuyó a la sensación de inseguridad que ya existía en la zona, a lo cual se suman denuncias de malos tratos y vulneraciones a habitantes y trabajadores/as de La Legua por parte de Carabineros (INDH, 2015, 56), vulnerando derechos como derecho a la seguridad, derecho a la integridad física y psicológica y el derecho a la protección y contención de niños, niñas y adolescentes. A estos derechos vulnerados, también se suma la reproducción de la discriminación y prejuicios sociales sobre La Legua por parte de los medios de comunicación, al categorizar el barrio como un “barrio crítico” y vinculándolo directamente con el narcotráfico y criminalidad, sin implementar estándares de Derechos Humanos en sus comunicaciones (Labbé, 2017). De hecho, hasta la actualidad, siguen apareciendo reportajes con el nombre “La Legua sin ley”, “Los pistoleros de La Legua” o “Despidieron a narco acribillado en La Legua”, lo que da cuenta de la estigmatización que existe respecto a la comunidad.

Mural realizado por Comité de Derechos Humanos de La Legua- Imagen: Memoria Anual del Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua

El año 2010, se creó el Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua, con la finalidad de reunir a la comunidad para plantear, en primer lugar, el despliegue mediático y falta de transparencia de las prácticas estatales en la población y, en segundo lugar, la falta del estado de derecho y respeto de Derechos Humanos por parte de las policías contra la población, tal como lo sostienen en su página web (Comité de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, s.f.). Desde su funcionamiento, el Comité ha recibido más de 36 denuncias entre el 2006 y 2016, cuyas víctimas son habitantes de la población La Legua, específicamente del sector de Legua Emergencia, en donde señalan que existe una “intervención <<militarizada>> llevada a cabo por Carabineros de Chile” (Clínica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos UDP & Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua, 2017). Por lo mismo que su trabajo realizado se focaliza en denunciar situaciones en donde se transgreden derechos fundamentales, consagrados tanto a nivel constitucional como en el sistema internacional de los Derechos Humanos, como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, protección de la vida privada y la honra, entre algunas.

Museo de La Legua, el cual se organizó con retratos familiares, fotos y distintos objetos materiales (como televisores y planchas antiguas, entre algunas cosas)- Fuente: El Mostrador

También existen otras organizaciones como la Agrupación Sociocultural Legua York que, si bien inicialmente partió como un grupo musical, posteriormente comenzaron a organizar otras actividades como rutas patrimoniales y la inauguración de un Centro Comunitario. Las actividades realizadas por esta agrupación y vecinos/as de La Legua, han buscado rescatar la memoria e historia del barrio, lo que también ha permitido una mayor inserción de los/as vecinos/as en sus propias comunidades:

“Soy nacida y criada en La Legua, hija de un fundador de la población, y como vecina recorrer las calles que ayudó a hacer mi padre ha sido un orgullo. Nunca pensé que hubiera gente interesada en conocer nuestra Legua, nuestros lugares más destacados” (Fajardo, 2014)

En paralelo a la ruta patrimonial, también apareció la idea de crear un museo para indagar y retratar la historia de la población, a partir de las experiencias de las mismas personas que vivieron contextos específicos en La Legua: “La idea central es ser guardianes de la historia del ayer y hoy, porque hemos comprendido como nueva generación esta historia construida por nuestros abuelos, para un mejor mañana” (Fajardo, 2014), señaló uno de los partícipes del proyecto y nieto de un poblador que había llegado en 1947 en La Legua. El caso de La Legua demuestra la necesidad de fortalecer los Derechos Humanos de los sectores más vulnerables, ya que fenómenos como el narcotráfico se transforman en una opción útil para la sobrevivencia económica y mejoramiento de las condiciones sociales y materiales. Lamentablemente y a pesar de las iniciativas estatales e intervención desde los mismos vecinos/as, la situación en la zona sigue siendo difícil, más aún tras la pandemia producida por el COVID-19, cuya consecuencia fue el desmejoramiento de las condiciones de niños, niñas y adolescentes que viven en pobreza y vulnerabilidad (Concha, 2021). Por lo mismo que la presencia del Estado en estos lugares, deben ir de la mano que el fortalecimiento de los derechos fundamentales que, finalmente, garantiza un compromiso del Estado con mejorar las condiciones sociales, económicas y sanitarias de quienes habitan en el lugar.

A pesar de ser una población estigmatizada por el narcotráfico, delincuencia e intervención policial, La Legua es un lugar en donde existieron luchas históricas por la adquisición de derechos (como el derecho a la vivienda) y la resistencia contra la dictadura militar (tras la suspensión de los derechos fundamentales a nivel nacional), siendo uno de los pocos focos que se enfrentaron a las autoridades militares y policiales de ese entonces. Por lo mismo que también se le reconoce como una población con historias de lucha, organización y de militancia política y social, incluso hasta la actualidad en donde funcionan diversas organizaciones que luchan contra la estigmatización, para difundir la identidad local y barrial de La Legua, principalmente rescatando las memorias colectivas sobre sus propias luchas y resistencias.

Mapa de La Legua (Reyes, Et. Al., 2020)

El origen de la La Legua

Los orígenes de La Legua surgen entre la década de 1920 y 1930, tras la llegada de una primera ola de habitantes compuestos por obreros salitreros del norte que quedaron cesantes con la crisis de 1929. Esta primera ola compuso lo que se denominó “Legua Vieja” por ser los primeros en asentarse en el lugar, posteriormente, la llegada de familias desalojadas de terrenos y conventillos conformarían la “Legua Nueva”, cuyos habitantes llegaron ahí tras la inexistencia de una solución habitacional en ese entonces.

Para la década de 1940, era evidente la crisis habitacional que existía en Chile debido al déficit que ascendía a más de 200 mil viviendas, por lo que varios sectores políticos de la época coincidieron en dar una solución (Rojas-Flores, 2018, 3). Fue el contexto en donde el gobierno de Gabriel González Videla (1946-1952) contempló políticas basadas en una mayor intervención del Estado por medio de la creación del Banco Estado, nacionalización de recursos y, principalmente, un plan nacional de construcción de viviendas, lo último materializado en el fortalecimiento de la Caja de Habitación Popular, creado en 1936 pero con un rol relevante durante el período del Frente Popular (1938-1946) (Valencia, 2012). Con el plan nacional de viviendas, se produce la tercera ola de habitantes que llegaron a La Legua, a fines de la década de 1940, quienes llegaron tras la implementación de un plan habitacional para pobladores: el objetivo era darles una solución habitacional de emergencia en La Legua, mientras esperaban una solución definitiva para más adelante, sin embargo, las casas entregadas terminaron siendo la solución habitacional definitiva para quienes ya se habían instalado en el lugar. Con la llegada de esta tercera oleada de pobladores en espera de una solución habitacional, se comenzó a poblar una zona que, posteriormente, se le denominó como “Legua Emergencia”. A diferencia de la “Vieja Legua” y la “Nueva Legua”, la “Legua Emergencia” fue la que concentró mayores niveles de hacinamiento y precariedad, cargando también con un peso histórico de estigma y discriminación  (Clínica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos UDP & Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua, 2017, 14).

Debido a su proximidad espacial y condiciones de infraestructura urbana común, la “Legua Emergencia” se comenzó a caracterizar por una manera de vivir y sentir en común: con una composición principalmente por una población obrera y de trabajadores de la construcción, con carencia de equipamiento urbano y de servicios públicos, la zona también comenzó a caracterizarse por los altos niveles de pobreza material y marginación social. Paralelo a esto, también fue un lugar de diversas actividades colectivas como ferias libres, y otras de carácter informal e incluso ilícitas, lo que comenzó a configurar una historia e identidad local marcada por la pobreza pero también por las redes de solidaridad y de apoyo para subsistir a los problemas que afectaban al barrio (Álvarez, 2014, 41). Para la década de los ’60, el movimiento de pobladores en zonas urbanas comenzó a tomar fuerza tras su demanda de tener derecho a la vivienda, abriendo caminos a una mayor participación e integración en el debate público sobre el problema de la vivienda en Chile.

 

Las luchas por el derecho a la vivienda

En ese mismo contexto de organización comunitaria y política de los años ’50 y ’60, la Iglesia Católica y el Partido Comunista fueron actores relevantes en esas décadas, quienes comenzaron a tener mayor presencia en La Legua. En esas décadas, el movimiento de pobladores en La Legua se comenzó a constituir como movimiento social que lucha por el derecho a la vivienda y la autoorganización de sectores pobres, movimiento que contó con el apoyo del gobierno de Eduardo Frei (Democracia Cristiana) tras su propuesta de planes de vivienda y apoyo del Estado a la organización barrial. La alianza con el gobierno se debilitó tras ser un movimiento que ganó mayor autonomía y tras multiplicar sus demandas iniciales, mientras que el gobierno comenzó a responder las movilizaciones con la represión policial (Garcés & Leiva, 2012). Por esta misma razón, que el movimiento de pobladores en La Legua comenzó a tener mayor cercanía con fuerzas de izquierda, tanto a nivel de partidos políticos (como el Partido Socialista y Partido Comunista) y organizaciones de la denominada “nueva izquierda” (MAPU y el MIR) (Garcés & Leiva, 2012, 35). Debido a los lazos establecidos a nivel político y de militancia, durante los tiempos de la Unidad Popular, la mayoría de la población apoyó el gobierno de Salvador Allende debido a su promesa de resolver el problema de la vivienda sin ocupar la represión policial ni el desalojamiento (Giannotti & Braithwaite, 2020). Algunos testimonios de quienes vivieron esta época en La Legua, dan cuenta de la trayectoria política y militante de este barrio:

“Me gustaría contar qué ha sido para mí vivir en La Legua. Mi esposo y yo pertenecíamos al Partido Comunista de Chile, fueron años de lucha, pero hermosos, llenos de unidad y compañerismo esperando el gobierno de la Unidad Popular. Fuimos a innumerables marchas, recuerdo a algunos dirigentes –como a Molina–, que movían a la gente, soñaban que todo cambiaría, hasta los diputados eran diferentes. Recuerdo a los hermanos Tito y Mario Palestro, esos sí que eran dirigentes, se metían en las poblaciones, luchaban codo acodo con los vecinos” (ECO, Educación y Comunicaciones, 2012, 28).

De esta manera, se iba consolidando un barrio con identidad popular, entre la convergencia de distintos movimientos sociales: militantes de izquierda, trabajadores sindicalizados y pobladores organizados que, al momento del golpe de 1973, se transformaron en foco de resistencia frente a la dictadura que se venía a instalar en el país (Garcés & Leiva, 2012).

Derechos Humanos y violencia militar en tiempos de dictadura, 1973-1990

Las décadas de lucha por el derecho a la vivienda y fortalecimiento del movimiento de pobladores, se verían afectados tras la dictadura militar que se inició en el país. Específicamente el 11 de septiembre de 1973 específicamente, La Legua fue uno de los pocos ejes de resistencia urbano-popular contra las autoridades militares y policiales, generándose diversos enfrentamientos armados contra Carabineros el mismo día del golpe (Garcés & Leiva, 2012, 34). Los cordones industriales establecidos en las fábricas de La Legua durante la Unidad Popular, iniciaron acciones armadas y de resistencia contra la dictadura: según el Informe Rettig, en esa resistencia murieron pobladores y también carabineros, aunque dicha acción armada de La Legua (y en general de todo el país) fue sofocada en menos de 48 horas tras la dispersión y represión hacia todo tipo de resistencia por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991, 95). Posterior a esto, en La Legua se realizaron constantes allanamientos violentos, las cuales se desarrollaron en paralelo al incremento del hambre y la escasez de alimentos. En este escenario, también comenzaron los asaltos por parte de pobladores hacia industrias y supermercados del sector como un método de sobrevivencia, las cuales se realizaron entremedio de un fuerte clima de miedo tras los constantes desplazamientos de aviones por encima de la zona, lo que generó mayores alarmas tras el rumor de un posible bombardeo aéreo en La Legua(Garcés & Leiva, 2012, 14).

Allanamiento en La Legua el 11 de septiembre de 1973- Imagen: Nuevo Correo de los Trabajadores

Al igual que muchas poblaciones de Santiago como La Victoria, Villa Francia y San Gregorio, entre otros, en La Legua también se realizaron torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los/as habitantes que se opusieron a la dictadura o que fueron considerados como delincuentes por la autoridad policial y militar, más si tenían antecedentes penales (INDH, 2015, 8-9). En este escenario también se produjeron asesinatos en plena vía pública, muchas de las cuales están registradas en el Informe Rettig: casos como el de Juan Lira Morales de 23 años, quien fue asesinado el 12 de septiembre de 1973 tras un disparo de militares:

“El día 11 de septiembre, la víctima y su cónyuge caminaban por la vía pública en la población La Legua, en ese momento no se registraban incidentes, cuando fue herido de bala por militares que se movilizaban en un jeep. Internado en el Hospital Barros Luco, fallece el día 12. El informe de la autopsia determinó que “la causa de muerte obedece a herida de bala que al atravesar el abdomen determinó desgarro de hígado y riñón derecho con hemorragia agua interna”.

La Comisión se ha formado convicción que Juan Lira Morales fue asesinado por agentes del Estado, en violación a sus derechos humanos, y con abuso de poder, basando esa convicción en que la víctima fue herido de baña por una patrulla militar, que fallece el día siguiente a consecuencia de tales heridas, lo que consta en el protocolo de autopsia y que al momento de los hechos no existía incidentes ni enfrentamientos en el sector” (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991, 123-124). El foco en La Legua se debió a su relación histórica con el movimiento de pobladores y con organizaciones asociadas a la izquierda, siendo razones por las cuales la dictadura militar ejerció una fuerte represión mediante allanamientos y asesinatos. Un ejemplo fue la “Operación Leopardo”, en donde se detuvieron a cinco militantes comunistas y miembros del Comité Local del Partido Comunista de la Legua, quienes fueron detenidos en Londres 38, posteriormente torturados y asesinados. A esto también se suman episodios de violencia en pleno espacio público y en donde los/as mismos/as habitantes fueron testigos de dichas acciones (INDH, 2015, 8-9). El nivel de violencia que hubo en La Legua en los tiempos de la dictadura militar, explica la desconfianza histórica de los pobladores con las autoridades que provengan del Estado, precisamente por las “lecciones del terror” que hubo en este período, lo que finalmente reforzó una sensación de desconfianza con agentes del orden y seguridad pertenecientes al Estado (Clínica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos UDP & Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua, 2017, 16). La experiencia de la dictadura se transformó en parte de las memorias locales existentes sobre la experiencia de la dictadura en La Legua, incluso a nivel intergeneracional:

«Ahora yo puedo decir que vivo en esta pseudo-democracia, pero de mis 26 años, más de la mitad la viví en dictadura y eso no se olvida, como tampoco puedo olvidar lo que vivió mi familia y que mi papá haya muerto de pena, como murió mucha gente. Mi papá, después del golpe, se fue para abajo y no hubo cómo recuperarlo. Mi papá nunca más pisó lugares donde hubo detenidos desaparecidos, lo que era el Estadio Nacional o el Chile, porque él no lo soportaba emocionalmente. Él no lo soportaba, doy gracias que no cayó en el trago, fue siempre fuerte, porque tenía hijos por qué luchar; entonces, ¿qué más ejemplo puedo tener? (ECO, Educación y Comunicaciones, 2012, 36)»

Son estos testimonios los que reflejan cómo dichas memorias y experiencias se van pasando de generación en generación, en particular cuando se trataron de zonas que vivieron fuertemente la represión, el miedo y la persecución, y con un historial de intervenciones estatales que, incluso, perduraron después de la dictadura. A pesar de los constantes allanamientos, en el contexto de las protestas nacionales contra Augusto Pinochet durante la década de 1980, en La Legua se incrementaron los focos de resistencia y barricadas bajo el alero de organizaciones religiosas como la Comunidad Cristiana, dando cuenta de su rol histórico como pioneros en la movilización, actividad política y militante y, principalmente, su desempeño como oposición a la dictadura militar desde un comienzo.

 

Memorial por las víctimas de la dictadura militar en La Legua- Imagen: Wikipedia

Retorno a la democracia: luchas por la memoria y surgimiento del narcotráfico

En el contexto del plebiscito de 1988, los pobladores de La Legua tuvieron una fuerte participación por la opción NO, realizando marchas y concentraciones multitudinarias que lograron altas convocatorias bajo el lema “NO a Pinochet, NO a las torturas, NO al hambre y NO a los ejecutados políticos”, haciendo cruces entre la violación a los Derechos Humanos y la pobreza que comenzó a aumentar durante ese período (ECO, Educación y Comunicaciones, 2012, 129). Sin embargo, el retorno a la democracia no significó un mejoramiento material y social inmediato en los pobladores de La Legua: paralelo a la violencia política durante la dictadura, también comenzó a florecer el tráfico de drogas en Chile, en particular en esta zona, por lo mismo que el escenario de violencia no se detuvo, cuando ahora el narcotráfico sería su principal causa y una preocupación para el Estado. En ese sentido y al igual que otros países como Colombia, el narcotráfico surge en contextos donde el Estado lo ve como un “mal menor”, en comparación con la amenaza que representaban las fuerzas de izquierda (como sindicatos, partidos y organizaciones políticas) generando su desarrollo en la sociedad (Hincapié, 2015, 10). En el caso chileno, fue en los años ’90 cuando se instaló definitivamente el narcotráfico en La Legua, en paralelo que aumentaron las balaceras, los niveles de violencia y el reclutamiento de niños, jóvenes y adultos para ingresar al mercado droga (y lo que conlleva como círculo de la violencia) (Clínica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos UDP & Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua, 2017, 19).

De ahí en adelante, la serie de intervenciones desde el 2001 hacia adelante, mediante políticas de seguridad y de intervención policial, tuvieron una connotación más mediática y controversial por no tener los resultados esperados, al contrario, dio pie a cuestionamientos sobre el rol de Carabineros en la zona y una serie de vulneraciones a los Derechos Humanos. A pesar de estas dificultades, La Legua se caracteriza por mantener vivo el movimiento de pobladores cuyas demandas históricas sobre la vivienda y mayor justicia social no descansan hasta la actualidad, además de crear instancias para recordar cómo los pobladores sufrieron los tiempos de la dictadura militar. De hecho, en el año 2003, se creó el Memorial Población La Legua por parte de la Comisión de Derechos Humanos de San Joaquín, con la finalidad de recordar a las víctimas que cayeron tras la resistencia contra la dictadura militar: la mayoría sin identidad, víctimas que correspondían a obreros de industrias textiles y militantes de agrupaciones de izquierda como el Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, s.f.). De esta manera, son constantes los esfuerzos por mantener vivas estas memorias, debido a la cantidad de muertes que produjo el día del golpe, y que fue en aumento los meses posteriores, cuyas principales víctimas fueron militantes y también supuestos delincuentes. En el libro El golpe en La Legua de Mario Garcés y Sebastián Leiva, se sintetiza estas memorias de la siguiente manera: “… la memoria de la muerte es la que más conmueve a los leguinos, ya que el golpe de Estado de 1973 tomó esa forma y ese rostro en las calles y pasajes y entre muchas familias de la población La Legua” (Garcés & Leiva, 2012, 98).

Tal como lo señaló un informe del INDH en el año 2015, en el caso de La Legua se puede ver un caso de vulneración de distintos derechos fundamentales de quienes habitan o trabajan en la zona, siendo vulnerados sistemáticamente y en un marco de décadas de intervenciones estatales, las cuales no han contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población. Por lo mismo, para sus habitantes, la vulneración a los Derechos Humanos comenzó desde la instalación de la población (en un contexto de déficit habitacional) y que se vio acentuado en determinados momentos como la dictadura militar (con la vulneración de derechos fundamentales), y cuya violencia persiste hasta la actualidad (INDH, 2015, 21). Por otro lado, los medios de comunicación han fortalecido una imagen delictual sobre La Legua, con énfasis en sus problemas como la pobreza, trafico de drogas y balaceras, sin dar a conocer el trabajo de organizaciones comunitarias, actividades culturales y el contante esfuerzo por rescatar la memoria e identidad local (INDH, 2015, 23).

Entre los derechos vulnerados de manera sistemática e histórica en la población La Legua, según el INDH (2015), se puede encontrar dos derechos fundamentales que han sido vulnerados históricamente:

  • Derecho a la salud, debido al precario acceso a la asistencia y servicios médicos, lo que también incluye una situación crítica en la salud mental de la población y deficiente salud sexual y reproductiva.
  • Derecho al trabajo, ya que en La Legua predomina el trabajo obrero y no calificado y, en el caso de la población femenina, la jefatura de hogar. La limitación a acceder a mejores empleos se debe a que la mayoría sólo accedió hasta la enseñanza básica, lo que también se relaciona con «“tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido”, tal como señala el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 6.

Debido a lo anterior, es que también hay una limitación a otros derechos relacionados con la seguridad y la justicia:

  • Derecho a la seguridad, estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención América sobre Derechos Humanos, en donde se señala la necesidad de ambientes propicios y adecuados para la convivencia pacífica, por lo que el Estado debe adaptar políticas de seguridad ciudadanía eficientes y respetuosa de los Derechos Humanos (INDH, 2012, 19).
  • Derecho de acceso a la justicia, ya que, al existir tratos degradantes e inhumanos por parte de la autoridad policial, tienen que existir mecanismos de acceso a la justicia para tomar medidas disciplinarias y controles internos de las policías. Sin embargo, hasta el 2010, en Chile prevalecía la justicia militar en caso de que el victimario o impuesto fuese un militar o Carabineros de Chile, lo que desincentiva la denuncia en situaciones ocurridas como en La Legua.

Finalmente, también existen otros derechos que se relacionan con la no discriminación y con la protección de grupos de especialidad vulnerabilidad:

  • Derecho a la igualdad y no discriminación, debido a la estigmatización de las personas vivieron o viven ahí, en donde los medios de comunicación también tuvieron una gran responsabilidad a no considerar los estándares de los Derechos Humanos en sus comunicaciones.
  • Derecho a la integridad física y psicológica, el cual se vulneró tras la denuncia de malos tratos y vulneraciones en contextos de intervención policial, lo que demostró que la presencia de Carabineros no mejoró la sensación de seguridad en la zona y que, además, afecta a personas que en su mayoría viven bajo el umbral de la pobreza.
  • Derecho de niños, niñas y adolescentes (NNA) a su respectiva protección por parte del Estado. En el caso de La Legua, hubo casos de allanamientos en la madrugada que impidió a que niños/as pudiesen asistir a la escuela o, en otros casos, detenciones que dejaron a niños/as sin la supervisión de un adulto, lo que también significó no poder asistir al colegio. Estos contextos de violencia también producen otros efectos en los/as NNA, como trastornos afectivos depresión, alucinaciones, trastornos de la memoria e intentos de suicidio (INDH, 2015, 59). Es importante señalar que, para la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, los Estados deben comprometerse en el interés superior del niño, correspondiendo su adecuada protección y cuidado por parte de los Estados que rectificaron esta convención.

Sin embargo, la lucha histórica con la cual se caracteriza a La Legua es con el derecho a una vivienda adecuada, considerando sus orígenes mediante tomas de pobladores y llegada de personas que búsqueda de una solución habitacional. En ese sentido, esta lucha representa la ausencia del Estado en garantizar el acceso a la vivienda y de cumplir con estándares mínimos de vivienda digna, seguridad, comodidad y garantizar elementos básicos como nutrición, agua potable e instalaciones sanitarias (INDH, 2015, 53). Además, el derecho a la vivienda está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, específicamente en su artículo 11, que señala “el derecho a toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.

Respecto a la situación del narcotráfico y la criminalidad que esto conlleva, es importante señalar que la seguridad ciudadana también es un derecho humano ya que garantiza derechos fundamentales básicos como la libertad personal y seguridad individual, inclusive, un principio básico como el derecho a la vida, estipulado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, en los últimos años, han emergido posturas que perciben los Derechos Humanos como un obstáculo para la eficacia de políticas de seguridad. Para el INDH, la seguridad ciudadana y democrática implica contar con una política criminal acorde a los estándares internacionales de Derechos Humanos, que implica ser respetuoso con el debido proceso, uso racional del poder punitivo y de la herramienta penal, con límites claros a las autoridades para evitar acciones arbitrarias y, principalmente, una estrategia clara para garantizar la reinserción social de quienes delinquieron (INDH, 2012, 21). Este planteamiento también va de la mano con la lucha contra el narcotráfico, ya que el combate al crimen organizado y violencia no suele tener éxito cuando las instituciones públicas no tienen la legitimidad de la ciudadanía, por lo que no existen los consensos necesarios entre sectores políticos y grupos involucrados al momento de planificar políticas de seguridad (Ventura, 2014, 174). Por otro lado, también se debe señalar que el Estado debe comprometerse con el goce de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, ya que con ello se puede lograr un descenso de la delincuencia considerando que, si la ciudadanía posee un trabajo estable, con vivienda digna y acceso a mejor educación, se puede mejorar la relación y confianza con las instituciones (Cartagena, 2010, 8), sin necesidad de caer en mercados ilícitos como el narcotráfico. En ese sentido, la seguridad pública y democrática tiene directa relación con el fortalecimiento de los Derechos Humanos, en particular cuando se trata de contextos como la lucha contra el narcotráfico.

Instrumentos internacionales de derechos humanos relacionados con el caso:

Páginas web

Informes de DDHH

Prensa y documentos online

  • Concha, M. (16 de noviembre, 2021). Alexandra y José: ¿cómo es nacer u crecer en La Legua Emergencia? El Mostrador [Consultado el 24 de marzo del 2023]
  • Correa, C. (16 de junio, 2017). Los pasajes malditos de La Legua. Qué Pasa [consultado el 28 de marzo del 2023]
  • Fajardo, M. (04 de junio, 2014). La Legua desenfunda la cultura, se enfrenta al estigma y anuncia museo poblacional. El Mostrador [consultado el 04 de abril del 2023].
  • Labbé, D. (28 de marzo, 2017). INDH sostiene que intervención en La Legua vulnera derechos y empeora situación de habitantes. El Ciudadano [28 de marzo del 2023].
  • Villarrubia, G. (10 de enero, 2011). La dictadura de los narcos que se adueñaron de La Legua. Ciper Chile [consultado el 27 de marzo del 2023].

Bibliografía

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