Conflictos socioambientales

Bahía de Quintero-Puchincaví, una de las “zonas de sacrificio” que siguen existiendo en Chile- Imagen: INDH

Los conflictos socioambientales son disputas entre diversos actores, es decir, personas naturales, organizaciones, empresas privadas y/o el Estado, por mencionar algunos, que se manifiestan públicamente y expresan opiniones, posiciones, intereses y/o planteamientos por la afectación de Derechos Humanos, derivada por el acceso y uso de recursos naturales, así como también el impacto ambiental de actividades económicas (INDH, 2012, 5). Este tipo de conflictos involucra directamente tanto la sociedad y en particular las empresas que explotan recursos naturales al punto de ser dañinas para el entorno natural y humanos. Desde el sistema internacional de Derechos Humanos, se ha sostenido que es un derecho fundamental vivir en un ambiente limpio, saludable y sostenible, por lo que es importante la protección y garantía de este derecho.

Con el actual contexto de crisis climática y escases de recursos naturales, es que diversas movilizaciones sociales en Chile y a nivel global, han reivindicado la defensa de los Derechos Humanos por un medioambiente sano, además de garantizar el derecho a recursos básicos como el agua. América Latina en particular, ha sido una zona de diversos movimientos sociales y acciones colectivas que han sido protagonistas de diversos conflictos socioambientales, en defensa del medio ambiente y la naturaleza frente a los procesos privatizadores y avance del extractivismo en territorios con recursos renovables y no renovables. (Hincapié & López, 2016, 132). En el caso de Chile, hasta el 21 de febrero del 2024, el INDH inició 21 acciones judiciales asociados a la protección del medio ambiente -según los registros del Equipo de Registro Centralizado de la misma institución-, dando cuenta de los desafíos que siguen presentes en esta materia.

 

Medioambiente y Derechos Humanos

El 28 de julio del 2022, fue la fecha en que la Asamblea General de la ONU reconoció que todas las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, como una forma de reconocer la crisis climática que sigue vigente hasta ahora. Además, este derecho es esencial para sostener otros fundamentales, como el derecho a una vida digna, derecho a la salud y del acceso a recursos y servicios básicos como el agua, las cuales se señalan de manera general en la Declaración Universal de Derechos Humanos (en lo que refiere al derecho a tener un nivel de vida adecuado), y de manera específica en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que señala el derecho a la salud física y mental, lo que implica un medioambiente sano y saludable, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho a la vida y la integridad persona, los cuales también pueden estar relacionados con la protección del medio ambiente. Con estos instrumentos del derecho internacional, diversos movimientos socioambientales actuales se han sostenido para demandar la protección del medioambiente y de sus recursos naturales como un derecho. Posiblemente el de mayor impacto global ha sido los movimientos en defensa del agua, cuyas luchas han buscado proteger el carácter público del agua y del Derecho Humano a la obtención de este recurso, a modo de resguardarlo frente a cualquier política de privatización o comercialización (Terhorst, 2010, 126).

El acuerdo más reciente e importante en esta materia ha sido la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina y el Caribe, el cual derivó en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, conocido como Acuerdo de Escazú el año 2018, ha sido el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. El principal contenido del acuerdo tiene que ver con los derechos a la información ambiental, participación pública en las decisiones ambientales, acceso a la justicia en asuntos ambientales y, principalmente, la reafirmación del derecho a un medio ambiente sano y desarrollo sostenible. A diferencia de los otros instrumentos anteriormente mencionados, el Acuerdo de Escazú permitió identificar y evaluar las desigualdades que se han generado con los modelos de desarrollo actuales, además de que abordó los asuntos ambientales desde el enfoque de Derechos Humanos, es decir, integrando los principales principios y estándares de Derechos Humanos, y colocando atención en los grupos más vulnerables que se pueden ver afectados al no cumplirse este derecho, debido a la discriminación por temas de edad, etnia y género, entre otros (Nalegach, 2021, 24-25).

Conflictos socio ambientales en Chile

Mapa de Conflictos Ambientales del INDH

Las disputas por la afectación de Derechos humanos y el medioambiente, derivada por la dificultad por acceder y usar recursos naturales, o bien, por el impacto socioambiental que generan determinadas actividades económicas, ha sido recurrentes en las últimas décadas, lo que demostrado la dificultad del Estado de Chile en cumplir con obligaciones internacionales y estándares de Derechos Humanos. Por eso, desde el 2010 que el INDH sistematiza y actualiza esta información mediante el Mapa de Conflictos Ambientales cuyo catastro se realiza desde una perspectiva de Derechos Humanos e identificando localmente las disputas medioambientales que tuvo y/o que siguen presentes en el país. Desde su última actualización, la plataforma registra 131 conflictos socioambientales, en donde el 37% corresponde al sector productivo de energía y 26& al sector minero, dando cuenta que son las industrias de mayor impacto socioambiental.

 A pesar de los avances en materia de Derechos Humanos y en investigaciones científicas sobre el medio ambiente, existen numerosos países que no han podido garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Tal es la situación en países como Chile, en donde la crisis climática mundial ha provocado sequías, desertificación, incendios forestales, olas de calor y erosión costera, entre otros, además de ser un país que ha tenido dificultades para garantizar el acceso universal al agua, aires limpios y asegurar ambientes no tóxicos (ONU, 2023). Esto se ha reflejado en la existencia de “zonas de sacrificio” como el caso de Freirina, la crisis hídrica en Petorca producto de la industria agroexportadora y la contaminación ambiental en Quintero y Puchuncaví tras las emisiones de gas provenientes del Parque Industrial Quintero-Puchuncaví. El vivir en un medio ambiente limpio y sano es considerado actualmente como un derecho fundamental, en particular para resolver los diversos conflictos socioambientales que existen actualmente y que exigen un mayor compromiso de los Estados para la protección y cuidado del medio ambiente.

Bibliografía