En la provincia de Petorca ubicada en la Región de Valparaíso, se ubica el río Petorca que nace a partir de la confluencia de los ríos El Sobrante y Pedernal, ambas provenientes de la Cordillera de los Andes. De ambos ríos surgen pequeños riachuelos que alimentan los canales utilizados para el regadío que, muchas familias, utilizan para sus propios campos y plantaciones de la zona. Las napas subterráneas ubicadas en el lugar también sirven para esta actividad, desde donde se extraía agua para el consumo humano y de animales.

Localización de los ríos Petorca, Sobrante y Perdenal- Imagen: Wikipedia

En este escenario, muchas familias se autoabastecían a partir de los productos que ofrecía la misma tierra, además de desarrollar un pequeño comercio en base a la producción familiar de leche, carne, huevos y mantequillas. Los ríos también fueron espacios recreacionales para la familia, transformándose en pequeños balnearios populares para niños y jóvenes que lograban apozarse en el caudal.

“En la quebrada hacíamos pocitas, nos bañábamos en la quebrada. El río llenito de agua, toda la gente iba al río. Parecía como que estaban en la playa, todos amontonados en el río (…)”

“Los canales llenos de agua, las vertientes, los que tenían tierra tenían porotos, de todo cosechábamos. Era muy bonito en ese tiempo cuando había todo eso, porque eso era de la naturaleza” (Documental Petorca, cuando el río suena)

Son algunos de los testimonios que aparecen en el documental Petorca cuando el río suena de la Fundación Superación de la Pobreza, en donde recuerdan Petorca de décadas atrás, en particular la existencia del recurso del agua, la cosecha y los lugares recreacionales que utilizaban las comunidades locales. Todo cambiaría desde los años ’90 hacia adelante con la llegada de la industria agroexportadora y la expansión de los cultivos de productos como la palta. Desde esta década, el desarrollo de esta industria generaría una sobreexplotación de la cuenca y, finalmente, terminaría por gestar una sequía cuyo punto más álgido sería en la década del 2010.

Petorca y el problema de la sequía

Desde el 2011 hacia adelante, el panorama cambió radicalmente en Petorca: de los dos ríos que alimentaban el río Petorca, sólo quedaron las huellas de cause que ocuparon anteriormente, apareciendo ocasionalmente un pequeño hilo de agua entre la sequedad del territorio. La raíz de este fenómeno se debe al uso intensivo de los caudales de agua para la agroindustria, provocando el agotamiento de las aguas para el consumo humano y de los otros usos que daban en años anteriores, afectando profundamente al entorno natural y humano, cuya principal consecuencia es la sequedad de los caudales naturales de agua y una sequía prolongada.

Antes y después de Petorca- Imagen: Alvarado, 2020

A través del Código de Agua que existe en Chile desde 1981, la privatización de los recursos hídricos ha sido un fenómeno que ha ido incrementando desde 1990 hasta la actualidad, por medio del otorgamiento de los derechos del agua para empresas privadas. En el caso de Petorca, la expansión de la industria agroexportadora generó el incremento significativo del consumo de agua tras las nuevas especies que comenzó a producirse en la zona, como es el caso de la palta hass, fruto de origen guatamalteco que se vio beneficiado por el clima semitropical que existe en esta zona. Hasta el 2018, el 30,5% de la producción de palta a nivel nacional corresponde a la provincia de Petorca, a costa de secar ríos y dejar sin agua para el consumo a las comunidades del mismo territorio, lo que se ha señalado como consecuencias de la sobreutilización de vienes naturales finitos y el sembrado de productos en terrenos no aptos para este tipo de cultivos (Velásquez, 2018).

Según diversos estudios, en promedio se requieren más de 2.000 litros de agua para cultivar sólo un kilo de palta (Freixas, 2019). Por lo mismo que la producción de estos productos en Petorca requirió de altos recursos hídricos para mantener estos cultivos, por lo mismo se les permitió la adquisición de los derechos del agua sobre los ríos por parte de estas industrias. El agua pasaría a alimentar casi exclusivamente a los paltos instalados junto a sus causes, lo que inició una sequía que comenzó desde 1997 a pocos años de instalación de estas empresas en la zona. Las aguas superficiales del río Petorca fueron decretadas agotadas en 1997 y, en el 2004, sus aguas subterráneas fueron restringidas para su explotación, lo que finalmente culminó en el 2012 con la cuenca decretada como “zona de escasez hídrica”, recurso que utilizó la Dirección General de Aguas (DGA) para frenar esta demanda y reconocer el grave déficit hídrico (Bolados, 2018).

Agroindustria y redes ilegales de extracción del agua

Fuente: Bolados, 2018

El crecimiento acelerado de la demanda del agua y la resequedad de las cuencas, motivó a la DGA para establecer un cambio de criterio al momento de conceder los derechos de este recuerdo y, de esta manera, justificar el aumento de derechos del agua para los empresarios: entre 2000 y 2004 se concedió 317 derechos y llegando hasta 1555 en los cuatros años posteriores (tal como aparece en el gráfico).

En paralelo, la Comisión Nacional de Riego (CNR) también creada en dictadura junto al Código de Aguas, contribuyó a la expansión de las empresas agroexportadores mediante la inyección de recursos para “fortalecer la infraestructura de riego”, lo que permitió construir embalses para garantizar el acceso al agua para grandes empresarios y poder optimizar los sistemas de riego, dejando afuera a los pequeños agricultores y familias que dependían de este recurso para su subsistencia (Bolados, 2018). A esta situación, se sumaron las denuncias por usurpaciones y drenes ilegales que también contribuyeron a la inadecuada distribución de este recurso, lo que impulsó a la DGA a hacer sus respectivas investigaciones y a identificar múltiples instalaciones que filtraban agua hasta las propiedades de las familias agroexportadoras, las cuales se constituyeron como delito entre 2010 y 2014 (INDH, 2014).

En el contexto de usos ilegales del agua, se suma el factor de que diversas familias vinculadas con la industria agroexportadora ya estaba adquiriendo derechos de agua desde hace décadas, precisamente entre 1960 y 2010: la familia Pérez-Yoma, Cerda-Álamos, Ruiz-Tagle y Piwonka y Bulnes, quienes además de ser dueñas de empresas con gran cantidad de plantaciones y cultivos en la provincia, recibieron grandes fondos del Estado para infraestructura por parte de la CNR, lo que terminó por reforzar un mecanismo de transferencia de fondos públicos al sector privado que, además, permitió a estas familias el control casi total del recurso y producción de la zona (Bolados, 2018). El uso y control absoluto para este recurso no sólo implica un grave impacto medioambiental, sino que también vulnera los Derechos Humanos de las comunidades de Petorca, ya que es una obligación del Estado y las empresas agrícolas y mineras el garantizar el adecuado acceso a recursos básicos como el agua, esto implica hacer evaluaciones del impacto real y potencias de estas actividades, reparar las consecuencias negativas de sus actividades y, principalmente, resguardar un derecho básico como el derecho al agua (INDH, 2014).

La «guerra del agua» en Petorca, origen de Modatima y el rol de los Derechos Humanos

La situación en Petorca iba empeorando cada vez más: la sobredemanda de los derechos del agua y acaparamiento por parte de las empresas agroexportadoras, comenzó a afectar la disponibilidad de este recurso para los/as habitantes y las mismas empresas ubicadas en Petorca, lo que finalmente terminó en la inflación de precios de estos derechos. Esta inflación se traspasó a las tarifas a los usuarios de este servicio, por lo que se les sumó un nuevo problema: de la falta de agua en sus campos, ahora tendrían que asumir el aumento del costo por su consumo (Luna, 2021; Alvarado, 2022).

Las diversas molestias acumuladas en los habitantes de Petorca, motivaron la organización y movilización de sus pobladores desde el 2010 en contra la crisis hídrica. De este proceso, surgió el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), cuyo principal propósito fue visibilizar este conflicto en la opinión pública, apelando además a diversos organismos políticos competentes para dar solución a la crisis medioambiental que enfrentaba la zona, donde las principales víctimas serían familias, pequeños y medianos agricultores de comunas de La Ligua, Cabildo y Petorca (Vásquez, 2012).

Con la movilización de Modatima se comenzó a visibilizar la crisis hídrica que se desarrollaba en la región, por lo que logró gran atención nacional e internacional. Con este contexto, el movimiento denunció esta situación al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) la cual realizó una misión de observación el 2014. En esta observación, el INDH concluyó que la crisis hídrica de la zona se produce no sólo por la sequía que experimenta la zona, sino que también por las actividades empresariales agrícolas que significó un cambio en los usos de los suelos, principalmente por el cultivo intenso de paltos y cítricos. El otorgamiento de derechos de agua sobre estas cuentas, fue lo que profundizó esta crisis hídrica que afectó seriamente a los habitantes de la Provincia de Petorca (INDH, 2014). Tanto el INDH como MODATIMA, apelaron además de que el acceso al agua potable es un Derecho Humano que, independiente de los diseños normativos que existan, debe ser reconocido, respetado y garantizado por el Estado, en donde las empresas agrícolas y mineras también deben ser partícipes de proteger estos derechos, haciéndose cargo de las consecuencias negativas que pueden producir sus propias actividades (INDH, 2014).

Camiones aljibes entregando agua potable- Imagen: Ciper Chile

Extrema sequía, escasez hídrica en Petorca y reivindicaciones por el derecho al agua

En el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) se presentó un proyecto de reforma al Código de Aguas, cuya finalidad fue establecer dicho recurso como bien público y un derecho humano. A pesar del apoyo que tuvo desde sectores políticos y organizaciones medioambientales, el proyecto no logró avanzar en el Senado: según opositores al proyecto, la crisis hídrica sería consecuencia del cambio climático, por lo que el proyecto no sería útil para cuidar este recurso e impediría inversiones sanitarias a futuro para contener este problema (Salgado, 2020).

Para contener la situación en Petorca, se inició un proceso de distribución de agua en la zona por medio de camiones aljibes, en donde el Estado tuvo que desembolsar más de 92 mil millones de pesos a nivel nacional sólo durante el 2016.  Según una investigación que desarrolló CIPER Chile, se descubrió que la contratación de estos camiones aljibes se hizo de manera confusa e irregular por parte de la gobernación provincial: en la investigación, apareció que las dos empresas contratadas para transportar y distribuir agua potable eran del mismo dueño, además se detectó un mercado informal del agua y que se realizaron distintos cobros por transportar la misma cantidad de agua en años diferentes (Arellano, 2017). La solución de la distribución de agua potable por medio de camiones aljibes se había transformado en un mecanismo de alto costo administrativo, económico y operacional que no corresponde cuando se trata de medidas de emergencia para distribuir este tipo de recursos (Alvarado, 2022). Finalmente, el mecanismo no fue útil para resolver la demanda total de las localidades y cubrir el déficit hídrico que se produjo, al contrario, permitió consolidar un negocio de la venta de agua, asociado a la demanda por agua potable a través de camiones aljibes y el desarrollo del negocio de agua embotellada (Bolados, 2018).

Con una situación cada vez más crítica, las familias de Petorca comenzaron a migrar y vender sus tierras debido a que los cultivos de platos se acercaban más a sus propiedades. También decidieron liberar a sus animales para que buscaran recursos con sus propios medios, aunque la mayoría comenzaron a morir de hambre y sed. Por lo mismo, Modatima denunció esta situación ante Amnistía Internacional, como también a medios internacionales de Inglaterra, Francia, Dinamarca y Alemania, desde donde se realizaron reportajes e investigaciones que situaban a Petorca como ejemplo de las consecuencias de la crisis climática y el abuso de recursos naturales. Ejemplo de esto fue reportaje del diario español El País con el título “El aguacate que llega a Europa seca Chile”, haciendo referencia a la sequía que se produjo a propósito de la producción de la palta. En la misma nota, se menciona a Chile como “el país con el mercado del agua menos regulado del planeta” y “Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas legalmente privatizadas”, resaltando la existencia de un modelo agroexportador que arrasó con el paisaje y las formas de subsistencia de los campesinos (Freixas, 2019).

Con nuevos antecedentes, el INDH realizó una segunda misión de observación el 2019, en donde constató que la situación se agravó en la zona: a la crisis hídrica que había reconocido el 2014, ahora se suman tensiones sociales que generaron las problemáticas expuestas desde hace años, el “mercado negro” del agua vigente hasta ese entonces y la inexistencia de estudios sobre impacto medioambiental por parte de actividades agroexportadoras. De esta manera, se constató que tanto proyectos y actividades agrícolas y el propio Estado no estarían cumpliendo con sus obligaciones constitucionales e internacionales de garantizar el Derecho Humano al agua, en donde el uso de este recurso se debe priorizar en el consumo humano por sobre la función productiva (INDH, 2018).

Las deudas con la comunidad de Petorca

Hasta la actualidad, la situación en Petorca sigue siendo reflejo de las consecuencias de la crisis climática y de la sobreexplotación de recurso naturales cuyo impacto social y ambiental son profundas. La pandemia del COVID-19 agravó más la situación, cuando el lavado de manos y otras labores de higiene fueron medidas fundamentales para la prevención del virus, siendo prácticas difíciles cuando el acceso al agua no está garantizado. Tras la incapacidad del Gobierno Regional y la Seremi de Salud para entregar agua suficiente para poder cumplir con estos protocolos sanitarios en Petorca (siendo además una recomendación de la Organización Mundial de la Salud), el INDH presentó un recurso de protección para la provincia: apuntaría a una omisión legal del Gobierno Regional y Seremi al no disponer de suficiente cantidad de agua para abastecer a comunidades completas de La Ligua, Petorca y Cabildo, lo que estaba generando que personas económicamente vulnerables (como la mayoría de la población de estas comunas) fuesen más propensas a infectarse (Diario UChile, 2020). Por lo mismo, son situaciones que nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de vincular los Derechos Humanos con la crisis hídrica que existen en diversas zonas del país, ya que no sólo se trata del agotamiento de recursos naturales, sino que también de la restricción de las personas en sus derechos básicos como el consumo de agua.

El agua es un recurso fundamental para la vida humana y el medioambiente, el cual ha enfrentado un proceso de escases ante la actual crisis climática y el proceso de desertificación. Esto ha producido una gran preocupación a nivel global respecto a los usos del agua y las maneras de proteger y, al mismo tiempo, emplear mejores formas de administración. Y si bien el derecho humano al agua no está especificado, desde 1999 que la ONU se pronunció a favor de reconocer el derecho al agua como una de las bases del derecho al desarrollo. Además, el 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció que el derecho al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute y de la vida y goce de los Derechos Humanos. Por lo mismo, el Derecho Humano al agua se ha considerado un derecho humano emergente, ya que el derecho internacional ha buscado responder a las nuevas necesidades que enfrenta la sociedad internacional (Saura, 2012; INDH, 2013).

El derecho al gua

En el caso de Petorca, luego del monitoreo y trabajo en terreno realizado por el INDH, la institución concluyó que el Estado no ha realizado las acciones suficientes para garantizar el Derecho Humano de acceso al agua en condiciones de igualdad y no discriminación, por lo que no se logró resolver la tensión social de la zona debido a que, el suministro de este recurso sigue dependiendo de camiones aljibe (INDH, 2019). Por otro lado, otros organismos también han señalado que el Código de Aguas que rige en la actualidad no satisface los estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos, al no determinar preferencia de usos de consumo y domésticos por sobre otros usos (como para los cultivos) y no tener mecanismos adecuados para resolver conflictos que se pueden producir a propósito del uso de los recursos hídricos (Centro de Derechos Humanos UDP, 2013).

En términos específicos, la situación de Petorca vulnera compromisos contemplados en diversas herramientas del sistema internacional de Derechos Humanos: tal es el caso del derecho agua protegido en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 26) al señalar que “el agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente económico”. Mismo caso ocurre con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento que señala en su artículo 11 el “derecho de toda persona a nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda continua de condiciones de existencia”, lo que contradice con el caso de Petorca tras el aumento del empobrecimiento y niveles de vulnerabilidad, y en el artículo 12 se señala el “derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, lo que incluye el mejoramiento de la higiene del trabajo y del medioambiente, situación que no es posible cuando escasea el agua y se limita su consumo.

Discriminación a los grupos más vulnerables

La limitación al acceso al agua afecta principalmente a la población más vulnerable, por lo mismo que diversos organismos internacionales proponen proteger el derecho al agua en personas y grupos específicos y que históricamente han sufrido discriminación. Tal es el caso de los sectores más empobrecidos, mujeres, niñas y niños, personas discapacitadas y pueblos indígenas, entre algunos por mencionar (ACNUDH, 2010). Es la razón por la que la vulneración de este derecho, también transgrede otros compromisos como la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores que reconoce el derecho de la persona mayor a vivir en un medio ambiente y contar con servicios públicos básicos (como el recurso del agua) (art. 25). También está la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que reconoce el derecho de las mujeres rurales a gozar de condiciones de vida adecuadas, considerando servicios sanitarios y abastecimiento de agua (art. 14, letra H). Finalmente, es importante considerar la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, en donde está el derecho de disfrutar del más alto nivel de salud y de servicios sanitarias, incluyendo el uso del agua potable y su respectiva protección ante peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente (art. 24.2, punto C). En estos tres puntos y relacionado con el derecho al agua, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en el año 2015, señaló:

“El Comité recomienda al Estado parte que garantice el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento de los grupos más desfavorecidos y marginados, particularmente en las zonas rurales y tome las medidas necesarias para asegurar el uso moderado del agua en la industria de la minería, que incluya la adopción de normas para el procesamiento del agua utilizada en la minería” (ONU, 2015)

Es importante señalar que la actual crisis climática afecta directamente a la disponibilidad del consumo de agua, lo que no sólo afectaría al derecho al agua propiamente tal, sino que también el pleno disfrute de otros derechos básicos como el derecho a la vida, la salud, la vivienda, el de un medio ambiente sano y el del desarrollo económico y social, siendo derechos fundamentales que se pueden ver en peligro ante una eventual destrucción de los recursos hídricos (García, 2008, 24- 50)

Instrumentos internacionales de derechos humanos relacionados:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. Firmada por Chile el 10 de diciembre de 1948
• Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ratificada por el Estado de Chile el 10 de agosto de 1990.
• Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Ratificado por el Estado de Chile el 27 de mayo de 1992.
• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Ratificada por el Estado de Chile el 7 de diciembre de 1989.
• Convención Americana sobre la protección de los derechos humanos de las Personas Mayores. Ratificada por el Estado de Chile el 15 de agosto de 2017.
• Convención sobre los Derechos del Niño. Ratificada por el Estado de Chile el 13 de agosto de 1990.
• Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.