Quintero y Puchuncaví: Contaminación y crisis medioambiental, 2011-2018

Conflictos socioambientales Derecho a la protesta

RESUMEN:

Quintero y Puchuncaví vivieron un fuerte proceso de industrialización desde principios del siglo XX mediante industrias termoeléctricas a carbón y, en los últimos años, industrias petroleras, de gas licuado y químicas, llegando a conformar (de manera informal) el denominado “Parque Industrial Quintero-Puchuncaví”. Si bien el objetivo de estos complejos industriales fue fomentar el desarrollo y oportunidades de trabajo para las localidades de la zona, su aumento provocó consecuencias medioambientales y en la salud de las personas, generando un territorio contaminado que, posteriormente, se le denominó como una de las “zonas de sacrificio” de Chile lejos del desarrollo prometido inicialmente.

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Imagen: Emol

El año 2011, en la comuna de Puchuncaví estaban surgiendo fuertes denuncias por la sobrepoblación industrial y la poca información que existía sobre las nuevas industrias y centrales termoeléctricas que estaban apareciendo en el lugar. Las denuncias tomaron fuerza tras la liberación de una nube tóxica color azulino por parte de la División de Ventanas de Codelco Chile. La nube estuvo compuesta por gases contaminantes nocivos para la salud, afectando directamente a las comunidades de La Greda, Ventana, Campiche, La Chocota, Horcón, entre otras, todas correspondientes a Puchuncaví. La nube afectó gravemente a 23 menores de edad y 10 profesores de la Escuela Básica La Greda, ubicada en Puchuncaví, quienes comenzaron a sufrir mareos, vómicos y desmayos, provocando la suspensión de actividades académicas y posterior traslado al Centro de Salud Familiar Ventanas (El Mostrador, 2011). A raíz de esto, dirigentes medioambientalistas y el director del colegio La Greda denunciaron la situación de manera pública, por lo que el INDH realizó una Misión de Observación en el lugar el año 2011. En la instancia se verificó la existencia de múltiples industrias en Bahía de Quintero que se encontraban muy cercanas a lugares habitados. Además, en la zona se estaban depositando desechos industriales, depósitos de cenizas y se observó emanaciones de carbón de la empresa de Ventana, afectando directamente al derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y, por tanto, a un Derecho Humano fundamental (INDH, 2011, 10-11).

A pesar de la denuncia realizada el 2011, la situación en Quinteros no logró ser resuelta en el tiempo: el 21 de agosto del 2018 ocurre nuevamente un episodio de contaminación con una nube tóxica esta vez de color amarillo, la cual apareció en los cielos de Quintero y Puchuncaví, provocando la intoxicación de 30 estudiantes del Liceo Politécnico, el Colegio Santa Filomena y Alonso de Quintero. La situación generó una preocupación en la comunidad debido a que diversos estudiantes fueron hospitalizados. A la mañana siguiente, se suspendieron las clases en la localidad mientras nuevas personas afectadas se acumularon en los hospitales, por lo que se decidió decretar una alerta amarilla en la zona según los protocolos de la ONEMI, es decir, una alerta que da cuenta de una amenaza que crece en extensión y los recursos locales habituales no son suficientes para controlar la evolución del evento.

 

Imagen: Cooperativa

Crisis y catástrofe medioambiental

Si bien la contaminación industrial de la zona es un problema de hace décadas (como la del 2011), la intoxicación masiva del 2018 detonó una fuerte reacción por parte de la ciudadanía. Inicialmente, fueron los estudiantes quienes se organizaron bajo el lema “No + Contaminación”, ocupando las principales avenidas usando mascarillas debido al aumento de víctimas por intoxicación. Dicha movilización marcó el inicio de un movimiento social más amplio en la zona que, junto con marchas y cacerolazos, permitió el establecimiento de un Cabildo Abierto para organizarse en torno a las exigencias sobre el fin de la contaminación y de las empresas contaminantes en la zona. Luz María González, una de las dirigentas comentó:

“El jueves 23 los estudiantes de los liceos se tomaron la carretera y yo fui con ellos. Nos tomamos la carretera e hice un poco de vocera y traté de calmarlos, porque teníamos que cortar la carretera, pero también había que dejar pasar a las ambulancias y a las autoridades. A la noche cada uno se fue para su casa, pero unas trece personas decidimos tomarnos la plaza. (…) Al otro día algunas personas comenzaron a traer carpas y nos tomamos la plaza. (…) Ahora después de esto no sé qué va a suceder, de qué vamos a vivir porque mi marido no puede trabajar más, y tiene 58 años; él se dializa día por medio. La contaminación acá ha alterado toda nuestra vida, nuestro ritmo cotidiano de vida” (Segovia, 2018)

A medida que se desarrollaban las movilizaciones, los casos de personas intoxicadas fueron aumentando, al punto de alcanzar las 300 personas afectadas que fueron atendidas en hospitales de campaña improvisados para atender dicha situación. Tanto el gobierno central, a través de la Ministra del Medio Ambiente Carolina Schmidt, y el gobierno regional por medio del intendente Jorge Martínez, confirmaron que las tareas realizadas por la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) en su planta local, generaron una emisión de contaminantes que intoxicó a los habitantes de la zona. Sin embargo, tanto ENAP como Codelco negaron cualquier tipo de responsabilidad en la zona, contradiciéndose ambas partes y sin asumir responsabilidades frente a la catástrofe ambiental (Roa, 2018).

Derechos Humanos frente a la crisis

Frente a la situación de contaminación y protesta social, el INDH nuevamente se involucró en el conflicto señalando que:

“Los conflictos ocurridos en la zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví, afectan el derecho a la vida, la salud física y mental, a la alimentación y vivienda adecuadas, a la educación y trabajo seguros, a vivir en un ambiente libre de contaminación consagrado en la Constitución Política de Chile; entre otros. La gravedad es mayor cuando se afecta a grupos vulnerables, especialmente a niñas, niños y adolescentes y personas mayores” (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2018)

Para el Instituto, la situación de Quintero-Puchuncaví es un caso de injusticia ambiental ya que los beneficios de las industrias se reparten difusamente en la población, mientras que los costos ambientales son soportados por personas en situación de vulneración social y económica (INDH, 2018a). Específicamente, el INDH hizo referencia a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores como las principales víctimas de discriminación. Sin embargo y, a pesar de las alertas, el 04 de septiembre del mismo año, el gobierno levantó la alerta amarilla y permitió el retorno a clases, generando más descontento en la población y nuevas movilizaciones. El resultado del retorno a clases generó más de 100 nuevos intoxicados y 5 de ellos hospitalizados, por lo que se tuvo que volver a decretar alerta amarilla y suspensión de las actividades escolares. Tras una misión enviada por el INDH, se mencionó que la zona ya era tema de preocupación tras considerarse como una “zona de sacrificio”. En virtud de esto, se recomendó medidas urgentes para descontaminar la zona y garantizar protección de la salud y bienestar de sus habitantes, en conjunto con campañas de información dirigida a los habitantes de Puchuncaví-Quinteros respecto a la situación y crisis ambiental y sanitaria que afectaba a la zona (INDH, 2020). De hecho, el INDH hizo hincapié en su preocupación sobre el desconocimiento de la población respecto a una “alerta amarilla” y sobre los químicos que les estaban afectando (INDH, 2018b).

Mural con el rostro de Alejandro Castro en Santiago (imagen: Wikipedia)

 

Protesta y violencia policial

Las movilizaciones en Quintero-Puchuncaví en el 2018 permitió retomar la discusión sobre los conflictos medioambientales que azotaban a Chile, teniendo como precedentes las protestas de Freirina y Aysén del 2011. En el caso de Quintero-Puchuncaví, las movilizaciones fueron reprimidas por fuerzas policiales: el 09 de septiembre del mismo año, hubo un enfrentamiento entre protestantes y Carabineros, situación en donde el medio The Clinic denunció que Carabineros lanzó piedras a los protestantes  (algo fuera de protocolo), usó de gases lacrimógenas directamente contra la población (quienes ya estaban viviendo en condiciones de contaminación e intoxicación), además de la detención violenta de niños y el caso de una mujer embarazada enviada al calabazo (The Clinic, 2018).

Al nivel de violencia policial, se sumó la muerte (en extrañas circunstancias) de Alejandro Castro o “El Mecha” según le decían sus cercanos, quien fue secretario del sindicato de pescadores C-24 de Quinteros y, el día 04 de octubre del 2011, apareció colgado en una línea férrea en Valparaíso. Si bien Carabineros y Policía de Investigaciones descartaron la tesis del asesinato, la familia de Castro insistió en dicha hipótesis al señalar que el activista ya había sido amenazado anteriormente. Según Carolina Orellana, amiga de Castro, habían recibido amenazas directas de funcionarios de la Séptima Comisaría de Valparaíso, quienes le dijeron a Castro: “Alejandro Castro, te tenemos fichado”, en un contexto donde Castro esperaba la salida de quienes habían sido detenidos en el marco de una manifestación (Batarce, 2018). Si bien no se logró confirmar la teoría del asesinato en “El Mecha”, el asesinato y vulnerabilidad de activistas medioambientales también es una preocupación en distintas organizaciones de Derechos Humanos, realidad que existen de manera cotidiana en Colombia, Venezuela, Brasil y México, por lo mismo que dichos casos siempre resultan sospecha y merecen una investigación rigurosa (El Mostrador, 2018).

Descontaminación y situación actual de Quintero-Puchuncaví

La Corte Suprema acogió los 12 recursos de protección presentados a favor de la comunidad del caso Quintero-Puchuncaví. En el fallo, se responsabilizó a las empresas privadas de la generación de gases y compuestos químicos que provocaron la emergencia, mientras que a las públicas se les señaló el incumplimiento de sus deberes como no adoptar medidas de prevención y no ejercer sus deberes de control, entre otras (La Tercera, 2019). Por lo mismo, se ordenó reducir emisiones de gas, elaboración de un diagnóstico de enfermedades y su respectivo seguimiento, traslado o evacuación de población vulnerable en caso de emergencia y cursos de acción a las autoridades administrativas, entre otros.

Tras la crisis ambiental y el inicio de la pandemia del COVID-19, el INDH se reunió con diversas organizaciones civiles tras las denuncias de nuevos episodios de contaminación el 2021 (Imagen: INDH)

A fines de 2019, los seis ejecutivos de ENAP quedaron con firma mensual y arraigo nacional tras ser formalizados por presunta responsabilidad en los casos de contaminación ambiental registrados en las costas de Biobío y Valparaíso. Un informe de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente entregó a la PDI un documento que confirmó la emanación de olores atípicos por parte de las instalaciones de ENAP, señalando que trabajadores y jefaturas tenían conocimiento del suceso. El mal manejo del petróleo iraní habría iniciado el episodio de contaminación en las cercanías de Talcahuano, Quintero y Puchuncaví (Cooperativa.cl, 2019).

A pesar de las investigaciones y proceso judicial, en junio del 2022 se detectó un nuevo peack de emisiones de dióxido de azufre (SO2) en Quintero, Concón y Puchuncaví. Debido a esta situación, es que diversos expertos/as señalaron que no era sostenible mantener complejos industriales en asentamientos humanos, ya que esto impide que a niños/as puedan vivir en ambientes libres de contaminación y, además, garantizar una proyección de vida mucho mayor a personas adultas (Diario UChile, 2022). Sin embargo, las recomendaciones realizadas por el INDH y diversos especialistas no fueron débilmente consideradas: a enero del 2023, una nueva misión del INDH señaló que no hubo grandes avances en implementar un sistema para medir los niveles de contaminación, además, hasta la fecha, se desconoce los contaminantes que desataron la crisis socioambiental del 2018, dando cuenta de la poca transparencia y eficacia en la medición de contaminantes en el aire, suelo y agua. A partir de esto, la directora de la institución, Consuelo Contreras, señaló que: “La población de Quintero-Puchuncaví tiene el mismo derecho que Santiago de saber cuáles son los días de mayor contaminación” (INDH, 2023). Esto significaría que, en los/as habitantes de Quintero-Puchuncaví, se le seguiría afectando su derecho a la salud de los/as habitantes de Quintero-Puchuncaví (tras la carencia de estudios y acompañamientos que víctimas de contaminación), el derecho a la información y participación (debido a la incertidumbre, poca participación y desconfianza con las autoridades por parte de la población de la zona), y el derecho a la educación (ya que niños, niñas y adolescentes seguirían interrumpiendo sus actividades por cada episodio de contaminación).

Actualmente, Quintero-Puchuncaví está en un proceso de prevención y descontaminación, sin embargo, los efectos de décadas de contaminación están acumulados en los suelos y cercanías de donde vive la población, además de la ineficaz adopción de medidas sugeridas por expertos/as y el mismo INDH, por lo mismo que su población sigue estando expuesta a materiales y gases tóxicos. Este caso, al igual que otros, nuevamente levanta la discusión sobre la necesidad de pensar en modelos de desarrollo en armonía con el bienestar social y el medioambiente.

Testimonios

Relatos de Carolina Vega y Eliana Morales, quienes perdieron a sus esposos tras un cáncer provocado por la exposición a metales pesados. En ambos casos, se trataba de ex empleados de la refinería de cobre ENAMI. Los relatos corresponden al documental Hombres Verdes, en donde se describe la contaminación y precarias condiciones laborales de quienes trabajaron en las industrias contaminantes de Quintero y Puchuncaví.

Fundición y Refinería de Ventanas de la Empresa Nacional de Minería (Enami), inaugurada en 1963 por el ex presidente Jorge Alessandri – Imagen: Memoria chilena

Las denominadas “zonas de sacrificio” son territorios cuya actividad productiva o infraestructuras generan daños ambientales desproporcionados, las cuales terminan degradando el ecosistema y perjudicando la calidad de vida de comunidades locales aledañas, generalmente de bajos ingresos (Lerner, 2012). Dicho término surgió en los años ’70 en Estados Unidos, en tiempos donde existían zonas con un rol productivo energético e industrial importante para el país, cuyos habitantes tenían que “sacrificarse” (en el sentido patriótico de término) por el bien de la mayoría del país (Delgado, Et. Al., 2022). En Chile, dicho concepto se comenzó a usar para los casos de Quintero-Puchancaví, Coronales, Mejillones, Tocopilla y Huasco, debido a las características industriales y el impacto en la salud de la población aledaña debido a los contaminantes, siendo casos que han puesto en el debate el derecho a vivir libres de contaminación como parte de los Derechos Humanos.

Contexto local e industrialización

Las comunas de Quintero y Puchuncaví forman parte de la bahía de Quintero, lugar donde se encuentra un importante polo industrial en Chile desde 1865 con la creación del Puerto Mayor de Quintero, cuyas actividades se han concentrado en el aspecto portuario y, posteriormente, con la fundición de cobre y metales asociados. Desde fines de la década de 1950 es cuando se inician las actividades industriales en la zona, dando paso en 1961 a la inauguración del Complejo Industrial Ventanas. El complejo entraría en funciones en 1964, de la mano con la fundición de cobre de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), traspasada posteriormente a Codelco División Ventanas y, además, funcionaría Ventana I, la primera termoeléctrica de Chilectra. Todos estos proyectos fueron impulsados por una política de industrialización e implementación del modelo ISI, las cuales fueron vistas por las comunidades como una oportunidad de desarrollo, progreso y empleo para los habitantes de la zona (Correa, 2012).

En pleno contexto de la dictadura militar, las actividades de este complejo industrial fueron en aumento: en 1987 con la modificación del plan regulador intercomunal, comenzaron a llegar más empresas contaminantes y de características tóxicas y peligrosas, como Oxiquim, Gasmar y ENAP, entre otras, ratificando la condición de “sacrificio” de estas zonas, incluyendo nuevos proyectos industriales en un territorio ya tenía problemas ambientales (Espinoza, 2015). La llegada de la democracia mantuvo el modelo económico basado en la explotación de bienes y recursos primarios, al igual que el resto de la región latinoamericana cuya prioridad fue insertarse en una economía global en desarrollo a costa de sus consecuencias como la contaminación (Svampa, 2014). Debido a esto es que surgen diversos movimientos y organizaciones sociales que comenzaron a visibilizar los conflictos socioambientales y la degradación de la calidad de vida de la población en general.

 

Movimientos socioambientales y anti extractivistas

A propósito de la crisis socioambiental que se estaba produciendo en Quinteros-Puchuncaví, diversas organizaciones civiles aparecieron desde la década de 1990 en dicha zona: el grupo Acción Ecológica en los años ‘90, la Organización por el Derecho a la Vida en el 2000 y, posteriormente, la agrupación Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia Puchuncaví-Quintero el 2014, el último teniendo la particularidad de construir un espacio de resistencia exclusivamente de mujeres, con la finalidad de alcanzar su propio protagonismo en el espacio público y demandas instaladas, además de incorporar demandas sobre las desigualdades entre hombres y mujeres en territorios sacrificados (Bolados y Sánchez, 2017). Junto con demandar el fin de la contaminación de la zona, estas organizaciones y movimientos trabajaron arduamente por visibilizar sus demandas en los medios de comunicación. Dentro de los líderes que aparecieron en la época, estuvo Luis Pino, activista y líder de la Asociación de ex Funcionarios de ENAMI-Codelco (también conocidos como “Hombres Verdes”):

“Bueno, aquí le estoy presentando certificados de defunción de mis ex compañeros de trabajo que murieron por secuelas de contaminación. Aquí tenemos más de 80 (…) por ejemplo, murió a los 55 años, trabajó 32 años en la empresa, vivió 8 meses, ¿Quién es? Celestino Sagredo. Este que está aquí, que no lo voy a dar vuelta, murió a los 71 años, trabajó en metales nobles, trabajó solamente 19 años y, cuando se retiró, duró 6 años. 57 años, trabajó 33, vivió 3. Murió a los 64 años, trabajó 29 años, vivió tres años. Este falleció a los 33 años, 9 años de trabajo, trabajó en la nave diurno (…) y así sucesivamente” (Documental Hombres verdes).

En el relato, Luis denuncia la edad de los fallecidos, años de trabajo y cuantos años vivieron luego de terminar de trabajar que, según lo que plantea no fue mucho tiempo. Además, las denuncias sobre la contaminación también fueron parte de los relatos que circularon y difundieron en ese tiempo, tal es el caso de Carolina Vega, quien se enviudó de Clemente Aguilera el 2009:

“Sabe que cuando mi esposo se sacaba la ropa del cuerpo, la ropa salía amarilla. Las sábanas quedaban todo el cuerpo marcado de él, manchado. A mí me daba vergüenza cuanto yo tendía la ropa porque, yo decía, que pensarán los vecinos que yo mojo la ropa nomás y la tiendo altiro, pero era el líquido que ellos, a veces, tenían en el cuerpo por la contaminación que les quedaba en la ropa” (Documental Hombres verdes)

Fue a tal punto los niveles de contaminación, que algunos medios nacionales e internacionales se referían al “Chernobyl chileno”, haciendo referencia a una zona de sacrificio que estuvo de la mano con un abandono sistemático de sus habitantes (Dannemann, 2022; Leija, 2022). Tras crisis social del 2019, las movilizaciones tomaron fuerza nuevamente esta vez con una crítica más evidente hacia el modelo neoliberal a la cual, de la mano con la denuncia sobre la desigualdad y segregación en los sistema de salud y educación, los movimientos de Quintero-Puchuncaví sumaron las aristas sobre medio ambiente al denunciar las consecuencias que generan las zonas de sacrificio y el derecho al ingreso libre y gratuito al agua, con lemas como “no es sequía, es saqueo”, de la mano con lo que vivió esta comunidad de manera cercana (Ponce, 2020).

Actualmente, opera un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, la cual se encuentra dentro de un Programa para la Gestión de Episodios Críticos de Contaminación Ambiental para el año 2022. Dentro de sus medidas, existe un mayor control y fiscalización de emisiones de gases, vigilancia de la calidad de aire y educación ambiental (Ministerio del Medio Ambiente, 2022). Sin embargo, la demanda por el cuidado del medio ambiente y derecho a vivir libre de contaminación sigue estando presente en la comunidad, particularmente en tiempos actuales donde la preocupación por el cambio climático ha alcanzado una alerta a nivel global.

Reportaje

«Cierre de Ventanas de Codelco: La historia tras la fundición» de CNN Chile (2022), material audiovisual en donde se presenta la historia de la fundición y refinería Ventanas.

Derecho a la libre contaminación y rol de las empresas

No cabe duda de que existe una relación entre Derechos Humanos y el cambio climático, principalmente cuando este último en sus consecuencias (contaminación del aire, degradación del suelo, pérdida de la biodiversidad, escasez de agua y contaminación química, entre otros) vulnera el derecho a la vida (amenazada por el aumento del hambre y destrucción que generan fenómenos climáticos extremos), el derecho al agua (salubre, aceptable y accesible para usos personales y domésticos), derecho a la libre determinación (derecho a un pueblo de no ser privado de sus propios medios de subsistencia), por mencionar algunos, sumando además que existen grupos vulnerables a los efectos del cambio climático y al disfrute de sus Derechos Humanos, como es el caso de niños/as, mujeres, pueblos indígenas, adulto mayor y personas con discapacidad (Mansilla, 2018). En este contexto, según los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, los Estados tiene la obligación de proteger a la población de cualquier tipo de violación a los Derechos Humanos cometidas por terceros, incluidas empresas. Esto implica adoptar medidas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos, mediante políticas adecuadas y sometimiento a la justicia cuando sea necesario (INDH, 2018; ONU, 2011).

Mapa de Conflictos Ambientales del INDH, disponible aquí

Debido a la gravedad de la crisis en Quintero-Puchuncaví, el INDH presentó un recurso de protección fundado en el resguardo a los derechos a la vida, integridad física y psíquica y el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, siendo los dos últimos, derechos consagrados en el artículo 19, numerales 1 y 8 de la actual Constitución de Chile (INDH, 2022). Además, el derecho a la integridad física y psíquica de las personas también se encuentra respaldado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, por otro lado, el derecho a la vida la libertad y seguridad personal se encuentran estipulados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 5). Otro aspecto relevante es que, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se menciona el reconocimiento del derecho a toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia (art. 11) y el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, lo que incluye el cumplimiento del Estado en asegurar el cuidado de la higiene del trabajo y medio ambiente, la prevención y tratamiento de enfermedades y condiciones que aseguren asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad (art. 12).

América Latina y el Acuerdo de Escazú- Imagen: Wikipedia
Azul: Países ratificantes
Verde: Países firmantes
Rosado: Países no suscritos

 

Protocolo de San Salvador y Acuerdo de Escazú

Dentro de las ratificaciones recientes realizadas por el Gobierno de Chile y que tienen que ver con materia ambiental, se encuentra el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador” (ratificado el 28 de julio del 2022), el cual establece en el artículo 11 que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y contar con servicios públicos básicos, además del compromiso del Estado con promover la protección preservación y mejoramiento del medio ambiente. Por otro lado, se encuentra el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, suscrito recientemente por Chile el año 2022, el cual reconoce los derechos de acceso y divulgación de la información ambiental (arts. 5 y 6), participación pública de las decisiones ambientales (art. 7), protección de defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales (art. 9), entre otros, siendo un acuerdo ratificado el 31 de mayo de 2022.

Finalmente es importante señalar que la protección medioambiental y las demandas instaladas por los movimientos socioambientales se insertan dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU (también conocida como “Agenda 2030”), cuyo propósito es mantener las rutas del progreso y desarrollo económico de la mano con justicia ambiental y sin “zonas de sacrificio”. Sin embargo, algunos investigadores señalan que la Constitución de 1980 sigue siendo un impedimento para avanzar en esta materia, ya que el artículo 19, n° 21 se señala el “derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o seguridad nacional (…)”, abriendo la interpretación a la libre inversión sin considerar su impacto socioambiental (Villasana, Et. Al., 2020). Por lo mismo que el acceso a la justicia ambiental es relevante para cumplir con estos compromisos, pensando en el derecho de las personas (sin distinción de ningún tipo) a una respuesta satisfactoria, desde autoridades judiciales o administrativas, respecto a un conflicto jurídico de naturaleza ambiental (Burdiles, 2015), a modo de hacer investigaciones correspondientes, sancionar a responsables y, principalmente, reconocer la protección del medioambiente como un Derecho Humano.

Instrumentos internacionales de derechos humanos relacionados con el caso:

Leyes y documentos oficiales

Material audiovisual

  • AFP Español (2019). Sobrevivir al “Chernóbil chileno”, un enclave industrial que envenena las costas [reportaje]. Disponible en Youtube
  • Tamayo, J. (2013). Hombres verdes [documental]. Disponible en Youtube

Informes de DDHH

Notas de prensa y documentos online

Bibliografía

  • Bolados, P. y Sánchez, A. (2017). Una ecología política feminista en construcción: El caso de las «Mujeres de zonas de sacrificio en resistencia», Región de Valparaíso, Chile. Psicoperspectivas, 16(2), 33-42.
  • Burdiles, Gabriela (2015). El acceso a la justicia de las víctimas de daño ambiental en Chile: obstáculos y retos pendientes. En Pigrau, A (dir.) y Paola Villavicencio (coord.). El acceso a la justicia de las víctimas de daños ambientales. Una perspectiva comparada (pp. 75-104). Valencia: Titant lo Blanch. Disponible en Centro de Documentación- INDH
  • Correa, Josefina (2012). Complejo Industrial Ventanas: Exclusión de la ciudadanía y problemas de gobernabilidad. El caso “Campiche” entre lo legal y lo legítimo. Revista Justicia Ambiental, n° 4, 121-136.
  • Delgado, R., Garrido, V., Jiménez, A., Olivares, F., Ramírez, J., Vergara, F. (2022). Taller de Planificación. Integrada en Contexto de Zonas de Sacrificio. El caso de Quintero – Puchuncaví. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, Documentos de Taller IEUT, N° 2.c., 3-31.
  • Espinoza, L. (2015). El polo industrial Quintero-Ventanas, ¿Hacia dónde fue el desarrollo? Millcayac- Revista Digital de Ciencias Sociales, 2 (3), 2015, 245-269.
  • Svampa, M. (2014). ¿El desarrollo en cuestión? Algunas coordenadas del debate latinoamericano. En F. Rivera, & A. Pinol (Coord.), Saltar la barrera: Crisis socio-ambiental, resistencias populares y construcción de alternativas latinoamericanas al neoliberalismo (pp. 21-38). Santiago, Chile: LOM Editores.
  • Ponce, C. (2020). El Chernobyl chileno: movilización anti extractivista en la zona de sacrificio de Quintero-Puchuncaví. Inclusiones. Revista de humanidades y ciencias sociales, 7, 2020, 478-293.
  • Mansilla, Hugo (2018). El derecho internacional y el cambio climático. Santiago: Thomson Reuters. Disponible en Centro de Documentación- INDH
  • Villasana, P. (2020). Zonas de Sacrificio y Justicia Ambiental en Chile. Una mirada crítica desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Historia Ambiental, Latinoamericana y Caribeña (HALAC), 10 (2), 342-365.

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